Un punto de vista global
Considera el articulista que una de las decisiones importantes que debería adoptar la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno comunitarios que se celebra hoy en Birmingham, sería la de encargar a un grupo de políticos de alto nivel la redacción de la lista de las competencias de las que debería responsabilizarse la Comunidad y de las que deberían seguir siendo dominio de los Estados miembros.
En el nuevo escenario político creado por el rechazo de Dinamarca al Tratado de Maastricht y el ajustado sí del referéndum francés, dos cuestiones se en cuentran en el centro del debate sobre el futuro de la Unión Europea: ¿debe edificarse una Europa de dos velocidades, en la que los países que desean seguir avanzando dejen al resto detrás? ¿Puede el principio de subsidia riedad satisfacer a quienes temen que el poder se concentre excesivamente en manos de los burócratas de Bruselas?En gran parte, la discusión sobre la Europa de las dos velocidades constituye un falso debate. Desde la ampliación inicial de la Comunidad, hay algunos países que siempre han quedado detrás. Gran Bretaña no se unió al Sistema Monetario Europeo hasta 1990, aunque éste se constituyó en 1979, e Italia se ha beneficiado de un mayor margen de fluctuación de su moneda.
En el Tratado de Maastricht se establece explícitamente que, en la fase inicial, sólo los países que cumplan ciertas condiciones presupuestarias y monetarias participarán en la Unión Europea, y se fija una cláusula excepcional permanente para Gran Bretaña. Si se examina el asunto más detenidamente, se observará que las protestas en contra de la Europa de dos velocidades proceden de los Gobiernos menos comprometidos con la Unión Europea, y están orquestadas por sus representantes en las instituciones europeas, que temen ser postergados.
¿Debe detenerse el avance de la Unión Europea porque ciertos Estados miembros prefieren la situación actual? Dicho de otro modo: ¿debe detenerse el convoy europeo porque frene el vagón de cola? La respuesta a este interrogante es política.
La unión de Europa es una creación continua, que dista mucho de estar completa. Tan pronto como el proceso se detenga, o se ralentice en exceso, aparecen fuerzas divisorias que amenazan con desmantelar la unidad. No puede permitirse que la unión de Europa se estanque; debe avanzar continuamente. Este es el deseo de la mayoría de los Estados miembros en la actualidad, a los que ahora se ha sumado España. Esta mayoría representa aproximadamente el 80% de la población y casi el 85% del PIB de la CE.
Actitud ante los dudosos
¿Qué actitud, pues, hay que adoptar frente a los Estados miembros que dudan sobre el progreso de esa unión? Si políticamente están a favor de la unión pero están insuficientemente preparados para beneficiarse de ella -como ocurre en el caso de la unión monetaria-, deben seguir siendo una parte integral del sistema, y beneficiarse de las medidas transitorias para facilitar su adaptación.
Por otro lado, si son hostiles al progreso de la unión, no deben tener el poder de bloquearla. En lugar de ello, han de tener la posibilidad de quedarse fuera mientras deciden si unirse o no al convoy. El problema no es el de la Europa de dos velocidades, sino el de una Europa de dos voluntades. En algunos países europeos, entre los que se cuenta Francia, la opinión pública está preocupada por la ampliación de los poderes de las instituciones europeas de Bruselas. Siente que esa ampliación podría recortar sus derechos tradicionales y alejar las decisiones de centros de poder a los que es más fácil exigir responsabilidades.
Esta preocupación se expresa en preguntas que se plantean reiteradamente: "¿en nombre de quién están negociando esta cuestión?" o "¿Quién está decidiendo eso?"
Esta frustración del público se alimenta de dos poderosas corrientes culturales. Una desea reforzar y no debilitar la identidad de las diversas naciones europeas, en tanto que la otra expresa el deseo de una democracia en la que las decisiones se tomen tan cerca como sea posible de los ciudadanos afectados.
El principio de subsidiariedad proporciona una respuesta inicial a esta frustración. De acuerdo con este principio, que la encíclica Quadragessimo Anno del papa Pío XI volvió a poner de moda, sólo se recurrirá a un nivel de poder superior si las cuestiones no pueden resolverse satisfactoriamente en un nivel inferior. Utilizando esta definición, la CE actuará únicamente en áreas en las que la acción de los Estados miembros sea inadecuada para alcanzar sus metas.
Conseguimos incluir este principio en el Artículo 3 del Tratado de Maastricht. Fue un logro inicial, pero este principio debe desarrollarse mediante una protección jurídica adecuada para garantizar que sea respetado. Para citar como ejemplo la constitución de un espacio económico único, sólo deben tener lugar las regulaciones e intervenciones comunitarias cuando la acción de los Estados miembros sea inadecuada o ineficaz.
Sin embargo, este principio no se enfrenta al problema de la distribución vertical de la autoridad en los responsables de la educación, la sanidad, la cultura o los derechos humanos. ¿Quién tendrá la autoridad: la CE o los Estados miembros?
Existe una respuesta teórica: la Comunidad ejercitará sólo aquellas competencias que le otorguen los Tratados, es decir, los Tratados de Roma y el Acta única. Por esta razón, puede esperarse que la CE tenga competencias únicamente en materia de aranceles y comercio y en lo referente al funcionamiento del gran mercado europeo.
Sea como sea, todos sabemos que las instituciones europeas, y especialmente el Parlamento Europeo, han tratado de intervenir en muchas otras áreas, como la educación, la sanidad, la cultura y el medio ambiente. Por esta razón, los Länder alemanes han pedido que se les devuelva y garantice su autoridad en materia de educación, sanidad y cultura. Esta es también la razón por la que los votantes franceses se mostraban preocupados por las afirmaciones de que las instituciones comunitarias pretendían intervenir en las áreas de protección social y pensiones de jubilación.
Listas de competencias
El problema al que nos enfrentamos aquí es la inercia de las competencias comunitarias, que pueden extenderse de modo cuasi clandestino a "poderes no establecidos por los Tratados" utilizando un artículo redactado en términos vagos, el artículo 235 del Tratado de Roma. ¡Ese artículo se ha utilizado más de 400 veces desde el principio de la Comunidad, y 100 veces desde que se aprobó el Acta única!
Por tanto, la preocupación de la opinión pública es comprensible. ¿Hasta dónde llegarán las cosas por inercia? La mejor respuesta es la de abordar de forma franca la definición de las materias que deben negociarse en el nivel de la Comunidad y las que deben mantenerse como competencia de los Estados miembros y sus regiones.
Ha llegado el momento de redactar esa lista. Esta tarea se ha sometido a intenso debate siempre que se ha establecido un Gobierno federalista, como ocurrió en Estados Unidos durante la Convención de Filadelfia en 1787 y en la República Federal de Alemania cuando adoptó su Ley Fundamental en la posguerra.
Yo pediría que cuando el Consejo Europeo se reúna en Birmingham hoy, 16 de octubre, encargue a un grupo de políticos de alto nivel que redacten una lista de aquellas competencias de las que deberá hacerse responsable la Comunidad y de aquellas que han de seguir siendo dominio de los Estados miembros. Este sería el mejor modo de calmar las preocupaciones del público y también, indudablemente, el mejor modo de hacer más fácil para Dinamarca volver a la Comunidad.
También sería el método más apropiado para dar a conocer el objetivo último de la Unión Europea, que me atrevería a definir así: una unión íntima de Naciones, en la que cada Nación mantiene su identidad y su cultura, y que gestiona conjuntamente, bajo un sistema federalista descentralizado, aquellas competencias que ha decidido administrar en común.
fue presidente de Francia. Lidera la Unión para la Democracia Francesa.
Copyright 1992, New Perspectives Quarterly. Los Angeles Times Syndicate.
