¿Subsidiari... qué?
Un viejo concepto tomista hace furor en la política europea tras el derrumbe del comunismo, y la crisis de las ideologías
La construcción de la Comunidad Europea (CE) parece polarizarse en palabras fetiche. Ahora es el turno de Maastricht y de la subsidiariedad. El nombre de la ciudad holandesa, al pie de cuyas murallas murió el mosquetero D'Artagnan, se ha convertido en todo un símbolo de las ambiciones y dificultades de la Comunidad. El enrevesado concepto de subsidiarledad ha alcanzado la categoría de herramienta multiuso, empleada por los conservadores británicos para cortar las alas a la Comisión Europea y esgrimido por los europeístas más federalistas para exigir más Europa. Esta extraña palabra surgida del lenguaje filosófico-teológico estará así hoy, viernes, en el centro de las discusiones que mantendrán los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios en Birmingham.
Al decir de los expertos, hay que remontarse hasta santo Tomás de Aquino para hallar los orígenes de la palabreja. Pero la verdad es que los españoles que estudiaron, el bachillerato en los años sesenta conocen el concepto gracias a los libros de texto de educación del espíritu nacional, donde se ofrecía un cóctel extravagante de falangismo y doctrina social de la Iglesia. La subsidiariedad era un principio doctrinal típico de las terceras vías, que justificaba el intervencionismo del Estado frente al liberalismo puro y que defendía la iniciativa privada ante los socialismos. Los poderes públicos tenían derecho a intervenir de forma subsidiaria, es decir, siempre que la iniciativa privada no alcanzaba a obtener los objetivos que se proponía.Hasta el Tratado de Maastricht, el concepto de subsidiariedad había sido esgrimido en numerosas ocasiones dentro de la CE. A su origen socialcristiano se había añadido un significado de clara, raíz federalista: los poderes públicos deben intervenir sólo donde la sociedad no es capaz de resolver los problemas, y deben hacerlo en los niveles más próximos posibles a los ciudadanos. El Estado federal se convierte así en una agregación democrática de poderes emanados de la sociedad, que sólo se hacen complejos y se distancian en la medida en que es necesario para resolver los problemas.
Pero Maastriclit hizo algo más que reproducir una idea que había inspirado la actividad de los federalistas europeos: la convirtió en texto legal y. en inspiradora, por tanto, de futuros comportamientos jurídicos. En el apartado B del artículo 3 se dice: "En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción comunitaria, a nivel comunitario".
Desde el día 7 de febrero, en que los Doce firmaron el Tratado de Unión Europea y empezaron el proceso de ratificación, subsidiariedad es la palabra que está en la boca de todos. Sirve para un barrido y para un fregado, ciertamente, pero lo más importante es que, en caso de que Maastricht sea ratificado, el Tribunal Europeo, con sede en Luxemburgo, deberá revisar el valor jurídico de las decisiones que sean sometidas a su examen desde el punto de vista de la subsidiariedad. La palabra camaleón ha dejado de ser un concepto filosófico y se ha convertido en una "nueva regla de base jurídicamente obligatoria", al decir de la presidencia portuguesa de la Comunidad Europea al recoger las conclusiones de la cumbre comunitaria de Lisboa, en junio de 1992.
Pero no hemos llegado todavía a este punto. Ahora, subsidiariedad es el nombre que adopta el intento de rebajar el Tratado de Maastricht para hacerlo digerible a los daneses reticentes y a los conservadores británicos eurófobos. De ahí que en torno a la interpretación del concepto se polaricen los partidarios de una Europa federal y los partidarios de una zona de libre comercio.
Cien interpretaciones para una extraña palabra
La definición de una palabra puede convertirse en un combate político e histórico. Esto es lo que está sucediendo con subsidiariedad. Quienes consigan imponer su definición del concepto serán los vencedores de la batalla en que están empeñados los Doce.Según el Gobierno alemán, significa "que en la Unión Europea las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos y que la identidad nacional de los Estados miembros y de sus sistemas de gobierno sean preservados".
Para los socialistas europeos, significa "que las decisiones se tomen donde sea más efectivo y más democrático".
Los tres Gobiernos del Benelux han declarado que. "se refiere a un estado de espíritu hecho de moderación en el ejercicio de los poderes y de confianza reciproca en la elaboración y ejecución de las decisiones y de la legislación comunitarias".
El ex presidente de la República Francesa Valéry Giscard d'Estaing, que fue ponente en 1990 de una resolución del Parlamento Europeo sobre el principio de subsidiariedad, considera que debe procederse a una traducción práctica y contundente: que un grupo de expertos delimiten una lista de competencias de la CE y una lista de competencias de los Estados.
Jacques Delors y sus colaboradores dan una definición de puros federalistas: "Un Estado o una federación de Estados dispone únicamente de las competencias que las familias, las empresas y las colectividades locales o regionales no pueden ejercer aisladamente sin perjudicar el interés general".
Los británicos, en cambio, lo han convertido en un concepto formal, útil como procedimiento de guillotina pira las decisiones de la Comisión. La propuesta que- consiguieron arrancar inicialmente del Coreper (Comité de Representantes Permanentes) implicaba que una mayoría simple de los Doce -siete, por tanto- podían cortar cualquier iniciativa invocando el principio.
El Gobierno español es el que de forma más contundente ha declarado que el principio de subsidiariedad no puede ser utilizado para romper el equilibrio entre las instituciones que conforman la Comunidad Europea, ni limitar el poder de iniciativa de la Comisión Europea.
El ministro de. Exteriores, Javier Solana, fue el boicoteador de la propuesta británica, que quería convertir la prueba de subsidiariedad en una cuestión de procedimiento. "Habría significado la politización del Tribunal Europeo y la judicialización de la Comunidad", indicaron expertos jurídicos, que se remitieron a la experiencia española con el Tribunal Constitucional.
El primer ministro irlandés, Albert Reynolds, se ha sumado a esta posición y ha indicado que se opondrá a que "la Comisión se vea obligada a consultar a los Estados miembros antes de tomar una proposición". La Comisión tiene, precisamente, como poder básico el de iniciativa legislativa.
La intervención en este complejo debate no se limita a los Gobiernos y organizaciones políticas. La patronal europea Unión de Confederaciones, de Industria de Europa (Unice) ha difundido un llamamiento a los Doce, en el que, además de pedir "signos claros" para restablecer la confianza e indicar que "no hay alternativa a la ratificación del Tratado", también se considera sujeto del principio de la subsidiariedad: la CE debería consultar a los empresarios antes de tomar decisiones.
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