Las víctimas reclaman que siga la investigacíón

I. G. M. Los manifestantes apostados frente a la sede del PSOE en Madrid reclaman del Gobierno que no se paralice la investigación sobre el origen y secuelas de la enfermedad. También piden que se siga dando asistencia sanitaria a los enfermos y que se cree un comité con expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Inserso para definir un modelo de diagnóstico de la enfermedad o una fórmula alternativa para los casos dudosos. Las víctimas solicitan también una revisión de estos últimos y la apertura de un diálogo con la Administración que busque una salida consensuada para la concesión de las indemnizaciones.

En abril de este año el Tribunal Supremo cuadruplicó las penas de los principales responsables de la colza y elevó hasta 280 años de cárcel los 75 que fijó la Audiencia Nacional para 13 de los 38 procesados. La sentencia mantuvo la causalidad de la colza como agente que mató a 330 personas y lesionó con secuelas a unas 15.000. Los afectados elevan el número de víctimas al millar y los enfermos a 25.000.

Esta diferencia no es el único litigio que mantienen los afectados con la Administración. Paralelamente al sumario sobre los responsables directos del envenenamiento se abrió otro, instruido por el juez Carlos Bueren, que perseguía la responsabilidades de altos cargos del Gobierno de la UCD con el fin de declarar al Estado subsidiario en el pago de las indemnizaciones.

Fuentes próximas a los letrados del caso ven dificultoso que este sumario prospere y que se pueda abonar el medio billón en indemnizaciones. Por otro lado, si bien en un principio se evaluó en unos 1. 500 millones de pesetas el patrimonio de los condenados, al actualizar su valoración se ha rebajado sustancialmente.