"La revisión anual de los medicamentos que paga el Estado es indiscutible", dice Griñán

Los consejeros autonómicos de Sanidad se mostraron ayer "identificados" con el proyecto de real decreto que prevé la exclusión de la financiación pública de casi 800 medicamentos y la revisión anual de los incluidos en la prestación, en función de su eficacia y precio. Este último aspecto, el más combatido desde la industria farmacéutica, es "indiscutible" para el ministro de Sanidad, José Antonio Griñán. Sanidad no descarta establecer la receta por unidades en lugar de envases

José Antonio Griñán presentó, ayer, a los 17 consejeros autonómicos de Sanidad dos proyectos legislativos que pretenden, no tanto conseguir un ahorro, como frenar el crecimiento del gasto farmacéutico público, que el año pasado alcanzó los 491.000 millones de pesetas. Según explicó el ministro, este gasto "ha subido 50 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años".El primer decreto prevé la creación de la Comisión Nacional del Uso del Medicamento, integrada por representantes de las Administraciones central y autonómica, colegios profesionales, industria farmacéutica, consumidores e investigadores. Esta comisión. deberá consensuar el segundo decreto, que antes de finales de año pretende excluir de la financiación pública hasta 800 medicamentos, entre ellos los antigripales, vitaminas, productos dermatológicos, laxantes y antirreumáticos.

Retirada de fármacos

El artículo más polémico de este segundo decreto es el que prevé la revisión anual de los fármacos financiados, con el fin de excluir aquellos que, a similar eficacia terapéutica, sean más caros. Mientras que el Consejo General de Colegios Médicos considera que esta medida "economicista" puede atentar a la libertad de prescripción, la industria farmacéutica ve en ella un freno importante al desarrollo de la investigación en nuevos fármacos.Griñán se acoge, en última instancia, al ejercicio de la autoridad que confiere al Gobierno la facultad para decidir qué financia y qué no. "Respetamos los intereses particulares, pero el interés general lo defienden las Administraciones, y entre ellos está el garantizar el derecho a la protección de la salud", manifestó ayer. "Se financiará aquello que sea relevante y significativo para la salud de los ciudadanos. y que se haga dentro de los límites de precio razonables", añadió.

Los consejeros autonómicos estuvieron de acuerdo en la financiación selectiva de los medicamentos en beneficio de otros sectores de la asistencia sanitaria. "Sólo hay un sector del gasto sanitario que está descontrolado y es el farmacéutico", dijo el consejero de Madrid, Pedro Sabando. "Todos los de la lista están bien excluidos y creo que debería haber más", agregó el consejero andaluz José Luis García de Arboleya.

A preguntas de EL PAÍS, fuentes de la Dirección General de Farmacia no descartaron que, en aras a un uso más racional de los fármacos, se establezcan las recetas limitadas al número de unidades (píldoras, por ejemplo) necesarias para cada tratamiento, como ya sucede en otros países europeos. Así lo han solicitado algunas asociaciones de enfermos crónicos y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Un último aspecto de la. nueva regulación es el que prevé la actualización del tope máximo que pagan los enfermos crónicos por sus medicamentos, establecido en 50 pesetas desde 1966. El decreto propone que sigan pagando el 10% del precio real, pero establece un nuevo tope máximo de 640 pesetas. José Antonio Griñán dijo que se estaban estudiando uno por uno todos los grupos de patologías crónicas "para que ningún enfermo crónico haga un gasto mensual relevante que pueda superar las 300 o 400 pesetas". Los propios representantes de enfermos crónicos han encontrado "razonable" la actualización de estos precios.

Con estas medidas, Sanidad parece buscar un cambio de cultura, tanto en los usuarios como en, la prescripción médica, porque realmente el gasto farmacéutico lo hacen los pensionistas y como reiteró ayer Griñán "el Gobierno se propone mantener el derecho de estos ciudadanos a la gratuidad de los medicamentos".

En 1991, los pensionistas, que representan el 22% de la población total cubierta por la Seguridad Social, consumieron el 70% del cerca de medio billón de gasto farmacéutico público. Y según datos de Sanidad, cada receta de pensionista es casi un 60% más cara que la. de un trabajador activo. También el año pasado, por cada receta de activo se prescribieron 5,42 a cada pensionista. Una de las mayores campañas del ministerio irá destinada a evitar el fraude actual con las recetas de pensionistas, involucrando en ello a los propios afectados, bajo la espada de Damocles de que si no controlan el uso de sus cartillas pueden perder el derecho a la gratuidad.