Procesado el presidente de la Asamblea Nacional francesa por recibir dinero negro
No por menos esperada la noticia dejó de causar una profunda conmoción en el mundo político francés: el presidente de la Asamblea Nacional, el tercer personaje en la jerarquía del Estado, el socialista Henri Emmanuelli, fue procesado ayer por su presunta participación en un delito de complicidad y encubrimiento de tráfico de influencias. Emmanuelli fue acusado de haber recibido dinero negro para financiar al Partido Socialista (PS), formación de la que fue tesorero desde 1988 hasta comienzos de este año.
Ese dinero procedía de las actividades de falsos gabinetes de estudios creados por el PS. Urba, el principal de ellos, fue disuelto en enero de 1990, cuando a los medios de comunicación y a los tribunales franceses llegaron pruebas contundentes de que había estado cobrando comisiones de las empresas que querían tratos con los ayuntamientos socialistas. Tras deducir sus propios gastos de funcionamiento, Urba entregaba al PS el montante de esas comisiones.
El asunto Urba se ha convertido en una colosal prueba de fuerza entre el poder judicial y los socialistas que ocupan la jefatura del Estado, la dirección del Gobierno y la presidencia de la Asamblea Nacional. En 1990, el poder socialista respondió a la irrupción de este escándalo con una ley que amnistiaba a todos los políticos elegidos por sufragio universal de cualquier participación en la financiación ¡legal de los partidos y las campañas electorales.
Desde entonces, a cada intento de los jueces por utilizar los intersticios de la ley de amnistía para reabrir el caso, el Gobierno socialista ha respondido con argucias que lo volvían a cerrar. Un policía marsellés, Antoine Gaudino, y un juez de Le Mans, Thierry Jean-Pierre, fueron apartados de la investigación con métodos que el estamento judicial, la prensa y la oposición política consideraron en su momento más que dudosos.
Los 'cuadernos Delcroix'
Gaudino contó sus desventuras en un libro de gran éxito popular titulado La investigación imposible. A partir de los denominados cuadernos Delcroix, el diario de un responsable de Urba que registraba minuciosamente todas las actividades de esta sociedad, el policía marsellés aportó numerosas pruebas de la implicación de este gabinete en la financiación ¡legal del PS.
Esos cuadernos son los que han permitido al juez Van Ruymbeke procesar al presidente de la Asamblea Nacional. El magistrado ha utilizado el hecho de que los diputados franceses sólo disponen de inmunidad parlamentaria cuando la Asamblea Nacional está en periodo de sesiones. Y la principal expresión de la representación popular francesa está ahora de vacaciones, y sólo comenzará el curso parlamentario una vez conocidos los resultados del referéndum sobre Maastricht.
El procesamiento de Emmanuelli culmina una rocambolesca serie de acontecimientos. Todo empezó cuando el pasado 14 de enero, el día que Laurent Fabius tomaba posesión como primer secretario socialista, Van Ruymbeke efectuó por sorpresa un registro en la sede del PS. El pasado julio, en las vísperas del congreso socialista de Burdeos, fuentes del partido del puño y la rosa filtraron la noticia de que el juez había decidido procesar a Emmanuelli. Intentaban así cortocircuitar la acción del magistrado y provocar una reacción militante de los socialistas.
Dispuesto a comparecer
Hace unos días, el juez escribió a Emmanuelli para sugerirle aplazar su procesamiento hasta después de la celebración del referéndum sobre Maastricht, el próximo domingo. Van Ruymbeke no quería verse acusado de interferencia en esta delicada campaña política. Pero Emmanuelli facilitó a la prensa el mensaje del magistrado y se declaró dispuesto a comparecer ayer. Así lo hizo.
A las 14.50 entró en el despacho del juez, en el Palacio de Justicia de Rennes. Salió media hora después, en un coche con los cristales ahumados, convertido, esta vez oficialmente, en el presunto autor de un delito de tráfico de influencias. Al cabo de un rato, en un restaurante de Rennes, afirmó que su procesamiento obedece a "una maniobra política", e informó de que se había negado a firmar el acta presentada por el juez.
