Facturas falsas

Las cosas funcionaban a la perfección hasta que en 1989 el inspector Gaudino se hizo con los cuadernos Delcroix. Cualquier empresa que quería obtener la concesión de una obra municipal, o la contrata de un servicio, o la recalificación de unos terrenos, o una licencia de apertura sabía que, si el Ayuntamiento era socialista, Gérard Monate podía hacer avanzar las cosas.

Monate era el militante socialista que dirigía el gabinete de estudios Urba. Él tenía excelentes relaciones personales con la cúpula nacional del PS y sus gentes en las sucursales de Urba en las principales plazas francesas eran buenos amigos de los concejales y alcaldes del partido. Así que la empresa interesada entregaba a Urba un comisión que oscilaba entre el 3% y el 10% de la cifra total del negocio.

Urba le entregaba a cambio una factura falsa, justificada, por ejemplo, por un estudio de las perspectivas del mercado inmobiliario en tal ciudad bretona, o un trabajo sobre las consecuencias de la entrada de España en la CE en el sector comercial en una capital vasco francesa.

Tras deducir sus gastos de funcionamiento, Urba aportaba el dinero así recolectado a las cajas del PS, fuera a nivel local, fuera a nivel nacional, y en este último aspecto de la cuestión es donde, presuntamente entra Emmanuelli.