Los sindicatos exigen a Industria el cumplimiento de las ayudas a La Seda

El Ministerio de Industria está incumpliendo un compromiso pactado con la Generalitat de Cataluña y los sindicatos por el que se comprometía a conceder un aval de 1.500 millones de pesetas para la viabilidad de La Seda, afirman fuentes sindicales de la empresa de fibras. El Ministerio se comprometió a "gestionar ante las instituciones públicas un crédito o aval con garantía del patrimonio de La Seda de Barcelona, SA no afecto a explotación" según el protocolo -al que ha tenido acceso este diario-, firmado por Industria, la Generalitat y los sindicatos CC OO y UGT.

En el mismo protocolo -firmado el mes de diciembre de 1991- figura explícitamente que estos fondos se destinarán al plan de viabilidad de la empresa que "contempla el coste de ajuste de plantilla, la restitución de la liquidez de la empresa y la realización de inversiones necesarias, sin que el coste total pueda superar el valor del patrimonio no productivo".El plan de viabilidad, que se concretó, el 31 de enero de 1992, contaba además con el compromiso cumplido por parte de la Generalitat de conceder otro aval por la misma cantidad. En ambos casos, las Administraciones quedarían liberadas de su compromiso si se produjera la entrada de un socio industrial", siempre según el texto del protocolo.

El compromiso de las administraciones en la crisis de La Seda contempla además actuaciones dirigidas a incorporar a la Comunidad Autónoma de Madrid al apoyo financiero. La Seda cuenta con una factoría en Alcalá de Henares (Madrid), y otra mayor en el Prat de Llobregat (Barcelona). Las tres administraciones tienen previsto celebrar una reunión la próxima semana.

Los sindicatos han alcanzado un papel más relevante en la solución de la crisis al plantear un pacto institucional con las administraciones para desbloquear la parálisis mercantil que sufre la empresa desde que Akzo vendió la mayoría del capital (57,5%) al abogado Jacinto Soler Padró. Por incumplimiento del contrato de compra venta -que comprometía a Soler Padró a distribuir esta mayoría entre socios minoritarios-, Akzo ha demandado al abogado. La Generalitat apoya esta acción con la idea de que se nombre un administrador judicial. Por su parte, el Industria considera que "el nombramiento de un administrador judicial no es coherente con la política de la Administración y que existen dudas razonables sobra la viabilidad jurídica de semejante iniciativa" según Álvaro Espina, secretario de Estado de Industria.