El debate sobre la corrupción irrrumpe en la campaña francesa sobre Maastricht
Mientras las encuestas revelaban ayer que la reciente ventaja adquirida por el sí está reduciéndose hasta extremos que los partidarios de Maastricht consideran "muy peligrosos" la cuestión de la corrupción política irrumpía en la campaña del referéndum francés del próximo día 20. El primer ministro, Pierre Bérégovoy, presentó un proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Al tiempo se confirmó que Henri Emmanuelli, presidente socialista de la Asamblea Nacional, puede ser procesado el lunes por tráfico de influencias.
La proliferación de escándalos relacionados con la financiación ilegal del Partido Socialista (PS) ha sido, junto con el incremento del paro, uno de los grandes cánceres de los dos últimos años de la presidencia de François Mitterrand. Consciente de ello, Bérégovoy prometió hace cinco meses, con ocasión de su investidura, que la "moralización de la vida pública" sería uno de los principales objetivos de su gestión.Bérégovoy unió la palabra a los hechos al presentar ayer en el Consejo de Ministros un proyecto de ley que tiende a hacer "más transparentes" los contratos entre las empresas y las colectividades locales, en particular en los sectores inmobiliario, de distribución comercial, publicidad, obras públicas y delegaciones de servicios como el abastecimiento de aguas, la recogida de basuras o los restaurantes escolares.
El proyecto de ley consagra la obligatoriedad absoluta de los concursos o subastas y de las votaciones públicas sobre los mismos. Todas los contratos en los que intervengan las colectividades locales, incluso las que les pongan en relación con empresas públicas o semipúblicas, tendrán que someterse a las reglas de la economía de mercado. Esos contratos nunca podrán ser prorrogados tácitamente. Se favorecerá la participación de empresas extranjeras. Los ayuntamientos tendrán que explicar las razones por las cuales declaran urbanizable tal o cual parcela de su término municipal. Se crea, asimismo, un servicio interministerial de lucha contra la corrupción.
El Gobierno socialista reconocía ayer haber "precipitado" la presentación de este proyecto de ley con el objetivo de "crear un urgente cortafuegos" a los escándalos de corrupción. Sin ir más lejos, Enimanuelli, presidente de la Asamblea Nacional y tercer personaje en la jerarquía de Estado, puede ser procesado e. próximo lunes por el juez de Rennes René van Ruymbeke por tráfico de influencias. Emmanuelli fue tesorero del PS en la época en que el gabinete de estudios Urba cobraba sabrosas comisiones a las empresas que querían hacer negocios con los ayuntamientos dominados por el partido del puño y la rosa.
Por el canto de un duro
La irrupción de este espinoso tema en el debate político francés se produce en un momento en que las encuestas revelan una reducción de la ventaja de los partidarios de Maastricht. De los porcentajes de entre el 56% y el 59% a favor del sí que siguieron a la intervención televisada de Mitterrand se ha pasado en los últimos dos días a cifras situadas entre el 50,5% y el 53%. "La victoria de uno u otro campo depende del canto de un duro", dijo ayer Philippe de Villiers, uno de los abanderados del no. Fuentes presidenciales han reconocido que el Elíseo no las tiene todas consigo y que los datos en su poder otorgan "una ventaja al sí muy frágil".
Los partidarios del no siguieron concentrando su artillería dialéctica sobre el punto débil del debate sobre Maastricht: la figura presidencial. "Una victoria del sí sería una victoria de François Mitterrand", dijo el gaullista Charles Pasqua. Pero otros líderes de ese movimiento se esforzaron por desactivar ese argumento. Jacques Chirac, partidario del sí, repitió que lo que está en juego el día 20 es Europa y no el poder socialista. "A Mitterrand y los suyos les condenaremos en las legislativas del próximo marzo", dijo Chirac.
El espantajo de los metecos
Un total de 1,1 millones de extranjeros mayores de 18 años podrán votar y ser elegidos a partir de 1995 en las elecciones municipales francesas en caso de victoria del sí en el referéndum del próximo día 20. El voto de esos ciudadanos comunitarios, residentes en Francia es uno de los aspectos del Tratado de Maastricht más debatidos en la actual campaña del referéndum.En el reparto de papeles que se han atribuido los defensores del no, al ex ministro del Interior y senador gaullista Charles Pasqua le ha correspondido tocar la tecla del miedo al voto de los extranjeros. Pasqua dice no tener "nada en contra" de los ciudadanos comunitarios residentes en Francia -1,3 millones de personas, de las cuales 1,1 millones son mayores de edad-, pero afirma que concederles el voto es "abrir la puerta a la integración definitiva en Francia" de, al menos, otros tres millones de inmigrantes procedentes de los países árabes, africanos y asiáticos.
La presión de Pasqua y otros líderes de la derecha consiguió la pasada primavera que este aspecto del tratado fuera convertido en "una mera posibilidad" para el futuro. Previamente el Gobierno socialista había aceptado varias limitaciones a la elegibilidad de los comunitarios. Portugueses (650.000 personas; 495.000 de ellas mayores de edad), italianos (253.000 y 232.000) y españoles (216.000 y 194.000) constituyen el 84% del total de los electores potenciales en las municipales. Los partidarios de Maastricht, apoyados por los sociólogos, aseguran que la dispersión geográfica y política del contingente comunitario le impedirá cambiar sustancialmente el curso de las cosas en un país de 56 millones de habitantes.
