Interior logra que Marruecos admita a emigrantes que usaron su territorio para entrar ilegalmente en España

El Ministerio del Interior español ha conseguido que las autoridades de Marruecos admitan, por vez primera, aplicar el convenio de readmisión de emigrantes ilegales de terceros países suscrito el pasado febrero. Este desbloqueo ha tenido como resultado más espectacular el traslado el pasado sábado a Tánger (Marruecos) de 77 inmigrantes africanos, 52 de los cuales pertenecían al colectivo que durante semanas permaneció en tierra de nadie junto a Melilla ante el rechazo de las autoridades de ambos países a hacerse cargo de ellos.

Los 77 emigrantes ilegales africanos permanecían hasta ese momento en centros de internamiento de Madrid, Valencia y Tarifa (Cádiz). Este hecho ponía punto final a un duro contencioso sostenido entre los responsables de los departamentos de Interior de ambos países. El desbloqueo de este conflicto se produjo el pasado lunes día 17, merced a una entrevista en Madrid entre el titular español del Interior, José Luis Corcuera, y su homólogo marroquí, Driss Basri En esa reunión, ambos ministros llegaron al acuerdo de que se mantuvieran entrevistas entre técnicos de ambos departamentos para dar solución a la mayor brevedad a este problema político y humano.No en vano, 52 de los africanos expulsados hacia Marruecos el sábado, forman parte del contingente de 84 africanos que durante dos semanas permanecieron en tierra de nadie en las inmediaciones de Melilla -fuentes españolas de Interior afirman que tal zona pertenecía al vecino país-, ante la negativa española a permitirles la entrada y la marroquí a aceptar su devolución.

De no haberse modificado la actitud marroquí, España tendría que haber puesto en libertad a estos ciudadanos. Del resto de ese grupo, Interior aún gestiona su identificación y comprobación del territorio extranjero que utilizaron para introducirse clandestinamente en España. Los otros 25 africanos ahora readmitidos por Marruecos permanecían en centros de internamiento de Tarifa, y el resto se repartía entre Madrid y Valencia.

Del polémico colectivo que permaneció en tierra de nadie durante el pasado julio, fuentes de Interior informaban ayer que habían tenido que realizar la labor que Marruecos debería haber hecho y que, ahora, le corresponderá hacer: lograr la identificación de cada uno de ellos y acreditar su nacionalidad para forzar su repatriación a su país de origen.

Álvaro Gil-Robles, defensor del Pueblo, llegó al mediar en favor de la situación de estos africanos rechazados por ambos países, y apreció irregularidades en su expulsión de España. El grueso de este colectivo lo formaban ciudadanos pertenecientes a Nigeria, Liberia, Ghana, Zaire, Etiopía, Líbano, Argelia y Suráfrica. Las autoridades de Interior han acumulado pruebas para demostrar la implicación de Marruecos en esta vía de entrada ilegal a España.

Medios del Ministerio del Interior se felicitaban ayer de que Marruecos haya reconsiderado su tenaz resistencia a cumplir el convenio de readmisión de emigrantes ilegales de terceros países, ya que de otro modo, las mafias que controlan la entrada ilegal de africanos desde el territorio marroquí interpretarían que contaban con una total impunidad para actuar. Así, según esta versión, estas bandas entenderían que bastaba con arribar a suelo español para que resultase imposible la expulsión de los clandestinos, quienes al romper sus papeles de identidad, impedían su devolución directa al país de origen.

[Por otra parte, el sindicato UGT pidió ayer a las diversas Administraciones públicas el establecimiento de un "pacto de Estado" para mejorar la política de extranjería, favorecer la tolerancia y evitar el racismo y la xenofobia, informa Efe.]