Lo que no se tendría que hacer

En opinión del autor, el gasto público debería crecer menos del 8% anual -y dentro de éste el gasto corriente menos del 5%-, la presión fiscal debería congelarse, para reducir el déficit hasta el 2% en 1997, que es la primera fecha tentativa para la Unión Económica y Monetaria. También defiende una tasa de desempleo inferior al 15% y ganancias salariales de dos puntos por año.

En la política económica española, en el proceso social definidor de la acción pública sobre nuestra economía, cabe acotar tanto lo que no se debería hacer ahora, como deslindar lo que habría que hacer. Pienso que hay un debate abierto positivo, en parte desde estas mismas columnas, sobre el delicado momento de la conducción económica con vistas a Europa.Sirvan estas modestas advertencias que siguen como ensayo de contribución.

1. En contra de lo que empieza a saberse de los Presupuestos Generales del Estado para 1993, el gasto público total no debiera crecer en más de un 8%, tasa previsible del producto nominal. Quedamos en que la presión fiscal, con vistas a Maastricht, debiera congelarse. El déficit habría de corregirse por la contención del gasto, con pausa de presión tributaria.

2. No son buenas ahora las inercias presupuestarias. El consumo público ha de revisarse de raíz (radicalmente). Preservándose la inversión pública y su dinámica, hay que obtener economías en los gastos corrientes que no debieran crecer más de un, pongamos, 5%. Esto afecta también a las autonomías.

3. No habrían de excluirse de este proceso de poda las transferencias sociales que el Gobierno del PSOE ha hecho crecer muy intensamente desde 1984, y que es bueno revisar de tanto en tanto, y ahora toca, en sus regímenes generales y en sus aplicaciones específicas o concretas (fraude).

4. En cuanto a la corrección del déficit público; no hay por qué radicalizar las normas de Maastricht: bajarlo del 4,5%-5% del PIB -tendencia actual- al, 2% en 1997 parece plausible y viable (medio punto anual). Para mí, salvo el retoque armonizador del IVA, habría de excluirse cualquier otra tentación de alza de tarifas tributarias.

5. En la secuencia de replanteamientos como la presente -Narcís Serra, dixit- no hay que tomar como datos fijos elementos que son, en realidad, variables instrumentales con vistas a observar todo el campo de acción. Dos ejemplos pueden servir para ilustrar este terreno: el tipo de cambio, que habría que conducir hacia abajo, manifiestamente -exportaciones, importaciones y turismo-, y las cuotas empresariales de la Seguridad Social, que algún día habrá que plantearse como de nivel excesivo. Repárese en que, en el primer aspecto, asumimos un valor inferior de la peseta que es a todas luces obvio, y en el segundo, corregiríamos un excesivo impuesto sobre el empleo (el aumento del IVA en 1993 podría destinarse a incrementar la contribución estatal al sistema de Seguridad Social).

6. No parece ser hora tampoco de plantearse tratamientos sectoriales específicos, verticales. Cuando se habla de mejorar el trato a la industria no entiendo nada. Ahí lo único que cabe, dentro del mercado integrado, son las acciones horizontales del tipo fomento tecnológico, formación profesional, suministros básicos y energéticos, fiscalidad en pro de ahorro e inversión o abaratamiento de los seguros sociales arriba indicados. En otros términos, toca ahora la política económica indirecta, y hemos de rehuir los controles e intervenciones directas, acerca de las que quedan aún muchas tareas de desregulación.

7. No habría que descuidar, en cambio, las ópticas regionales, desde las autonomías, previstas en este sentido por la Constitución, para hacer diagnósticos y tratamientos de los problemas territoriales (por ejemplo, especialmente, para la cornisa cantábrica -sus cuatro piezas-, Extremadura, Aragón y Valencia).

8. Por otra parte, conviene entender que mientras no vuelva a tomar pulso la inversión -industrial, terciaria y de construcción-, el consumo, como componente central de la demanda agregada, ha de ser bienvenido y no denostado, desde una cierta cultura hipócrita.

9. Mientras tanto, no deberíamos perder los nortes de alcanzar un 75%-78% de utilización de la capacidad productiva, no pasar del 15% de paro (problemas de su estimación aparte) y una dinámica salarial de dos puntos de ganancia anual real.

10. Nuestra sociedad está lo bastante madura ya como para que las propuestas que se hagan sean evaluadas en su coste y financiación. ¿Cuánto cuesta?, ¿quién va a pagar?, son preguntas asumidas en la calle, en la opinión general. De ahí que no tengan que escamotearse en el proceso de elaboración de la política económica.

11. En este mismo sentido, va le la pena que cuando aludamos a cambios estructurales, perfilemos cuáles, su timing, su coste y su financiación. Que hemos de actuar sobre nuestras condiciones de oferta, por ejemplo, es obvio, pero cómo.

Ideas e intereses

No es oportuno que extienda la relación de restricciones a nuestra acción pública sobre la economía. Desde luego, los agentes sociales habrían de impregnarse de un entendimiento de los intereses generales, habrían de asumir un cierto modelo de funcionamiento plausible y viable de la economía, dentro del sistema, lo que parecen haber entendido mejor las plataformas empresariales que las sindicales; para éstas, la pregunta relevante es, a mi entender: ¿pero, realmente, adónde nos llevan ustedes con sus propuestas?

Vuelvo a concitar el debate de ideas e intereses. Las ideas son del todo necesarias en esta secuencia tan delicada, cuando se acumulan demasiados problemas sobre demasiado poco tiempo (agenda del gobernante, por ejemplo).

es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.