'Arrepentidos' a la moda colombiana

"La política de Italia contra la Mafia, de España y Alerrunia contra las llamadas bandas terroristas y de Estados Unidos contra el crimen organizado" constituyen las bases de la política colombiana de sometimiento de los narcotraficantes a la justicia, reza el documento del Gobierno de Bogotá, que pretende rebatir las múltiples críticas recibidas después de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de Envigado.El documento empieza por definir la filosofía de la estrategia llamada de "sometimiento a la justicia", seguida desde el año pasado por el Gobierno, frente al recrudecimiento de la ofensiva terrorista de los narcotraficantes.

Esta política consistió en "la creación de un conjunto de incentivos jurídicos y de garantías que permitieran promover la entrega de los delincuentes a la justicia para ser debidamente juzgados y sancionados". Se trata, en otros términos, de "estimular la colaboración con la justicia para combatir las organizaciones criminales, ofreciendo incentivos a quienes, proporcionen información eficaz, oportuna y útil".

Más concretamente, el documento enumera los estímulos otorgados a los narcotraficantes que acepten someterse a la justicia de manera voluntaria: "No extradicción, rebaja y acumulación de penas, condenas de ejecución condicional para ciertos delitos y penas máximas de 30 años". Además, los que se entreguen recibirán garantías de seguridad especiales.

El Gobierno colombiano insiste, sn embargo, en este documento en que esta política "no está bssada en una negociación, como, sucede con las iniciativas de paz frente a los grupos guerrilleros aIzados en armas". Y añade: 'Fueron decisiones unilaterales, del Gobierno al plantear su política de sometimiento, y de Pablo Escobar y otras personas al optx por entregarse".

La importancia que otorga el Gobierno a esta estrategia queda reflejada en el hecho de que una vez a la semana se reúnen las más, altas instancias del Estado para hacer un seguimiento de esta política. Asisten entre otros el propio presidente de la república, ministro de Justicia, el fiscal general de la nación, el comandinte general de las Fuerzas MÍlitares y el presidente de la Sal, t de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según el documento del Gobierno, se celebraron ya unas 40 reuniones entre el 10 de julio de 1991 y el 16 de julio de 1992.

Normas de seguridad

El documento describe, por otra parte, con todo lujo de detalles las no mas seguidas, para garantizar la seguridad de los narcotrafica ntes que se entregaron de manera voluntaria, y que se refieren a localización de la cárcel, adecuación de la misma, manejo de guardias, vigilancia externa, control de visitas, evaluación periódica de la seguridad carcelaria y revisión de consultores especializados en condiciones carcelarias".

Las normas tienen como triple objetivo hacer cumplir el reglamento, proteger a los detenidos y evitar su evasión. El documento defiende la política de cercanía, del recluso "con su familia, su medio ambiente social y demás factores que posibilitan su reinseción social, a la vez que sugiera un diseño locativo" del establecimiento penitenciario que permita "garantizar el menor riesgo posible para la seguridad del detenido".

El documento alude también a los métodos de selección de los funcionarlos de prisión, que en el caso de Escobar facilitaron aparentemente la fuga del narcotraficante. 'La selección de la guardia estuvo a cargo de un comité formado por el alcalde de Envigado, el director de la cárcel de Envigado, nombrado por el Ministerio de Justicia, y por el procurador regional de Antioquia", reza el texto. Además, Ios antecedentes e idoneidad" de los guardias fueron objeto de examen" por las autoridades competentes".