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Tribuna:

¿Caza de nacionalistas?

Por los medios de comunicación conocemos que en días pasados se han practicado una serie de detenciones de presuntos miembros y colaboradores de Terra Lliure, algunos de los cuales se encuentran en prisión incondicional, otros en libertad bajo fianza y otros en libertad sin fianza; situaciones decididas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tras tomarles las correspondientes declaraciones.Hasta aquí los hechos no tendrían mayor trascendencia que la propia de cualquier investigación tendente a esclarecer posibles responsabilidades criminales. Sin embargo, la operación llevada a cabo por la Guardia Civil y la posterior intervención judicial han desencadenado una serie de reacciones en medios políticos catalanes en el sentido de que se trata de perseguir de forma global a todos los sectores del nacionalismo.

Malos tratos

Además se ha denunciado la existencia de torturas y malos tratos a los detenidos. Siendo esto último preocupante, pues la acusación es grave y, caso de ser cierta, tales conductas resultarían totalmente rechazables, sin embargo no es tan sorprendente como lo primero. Y es que cuando se leen las declaraciones que hablan de caza indiscriminada de nacionalista, de ruptura de la paz olímpica y que comparan la labor judicial en este caso con la del Tribunal de Orden Público franquista, una tiene la sensación de que se hace abstracción de un dato fundamental, a saber, que las detenciones y la posterior actuación del juez obedecen a la existencia de unos hechos presuntamente delictivos, tales como atentados con explosivos, tenencia de armas, pertenencia y colaboración con la organización terrorista, etcétera.

Estas reacciones que lanzan la idea de la persecución generalizada parecen no distinguir entre lo que es el legítimo sentimiento nacionalista plasmado en ideales y fines políticos y la actuación de quienes, so pretexto del nacionalismo, se colocan en la ilegalidad. Si los nacionalistas que repudian la violencia no se separan de los que la utilizan, entonces se hace un flaco favor a la causa de los primeros, porque pierden su legitimidad y, además, se crea un confusionismo peligroso para los que desde fuera contemplan la realidad catalana. Imaginemos cuál sería nuestra reacción si Ardanza o cualquier otro político vasco hiciese, refiriéndose a detenciones de presuntos miembros y colaboradores de ETA, las mismas manifestaciones que, en estos días, hemos escuchado a' destacados dirigentes catalanes en relación a la operación que nos ocupa.

Parangón repugnante

Además, comparar la actuación de la Audiencia Nacional, en esta ocasión del juez Baltasar Garzón, con las hazañas del Tribunal de Orden Público es, en el mejor de los casos absurdo, pero desde la perspectiva de la persona a quien va dirigido el parangón, resulta repugnante, pues pocos jueces como él se han significado en España por su labor respetuosa al máximo con los derechos fundamentales y ajena por completo a cualquier condicionamiento político. Y esta característica del juez, por todos conocida, me lleva a pensar que cuando ciertas personalidades de la vida política catalana le han dirigido telegramas y llamadas para expresarle su protesta por lo acontecido y solicitar la libertad de los detenidos, lo han hecho de cara a la galería y no contando con obtener algún resultado.

Pero si sorprendentes son las afirmaciones de algunos líderes catalanes, que en última instancia sirven a una idea legítima, la del nacionalismo, aunque sea utilizando unos procedimientos rechazables por su falta de rigor al obviar ciertos datos, por la generalización de sus aseveraciones y por lo que de manipulación de la opinión pública tienen, incomprensibles son ciertas versiones apocalípticas que de la cuestión se han hecho presentándola como una nueva forma de fascismo que viene. Los hechos nada tienen que ver con la terrorífica historia que algunos han contado de que la Guardia Civil entra a saco a registrar y detener porque un juez, en base a una mera sospecha de que algo pasa, ordena una redada indiscriminada y todo ello bajo el imperio de una Ley de Seguridad Ciudadana que sirve para todo. Mezclar tan arbitrariamente afirmaciones y datos no contrastados crea confusionismo en quien no tenga una cierta capacidad de análisis y disección. Y si peligrosa es la apatía frente al poder, no menos lo es la apatía frente la manipulación que en ocasiones se practica desde los medios de comunicación. Que la Ley de Seguridad Ciudadana, en alguna de sus previsiones responde mejor a un régimen autoritario que a uno democrático, es algo que a muchos nos parece evidente. Pero al introducirse esta idea donde no tiene cabida, y desde luego no la tiene en las detenciones de presuntos activistas de Terra Lliure, lo único que se consigue es debilitar la necesaria crítica que tal norma merece y que sólo es admisible desde el conocimiento de lo que se dice.

Y luego está la cuestión de las torturas denunciadas por alguno de los detenidos. Si la actuación de la Guardia Civil no ha sido correcta y si se han producido lesiones y malos tratos en el curso de las investigaciones, deben estos hechos ser esclarecidos y, en su caso, perseguidos. Ahora unos los niegan y otros los afirman y todos ellos tienen sus motivos, legítimos o no, para tal proceder. Por ello al no conocerse la verdad de lo ocurrido, sería absurdo que desde aquí se rompiese una lanza ciega en favor de los supuestos maltratados o de los supuestos autores de los malos tratos. Y esta renuncia a pronunciarme sobre el caso concreto no obedece a que tenga la más mínima reserva a la hora de rechazar estas prácticas cuando se producen, sino a evidentes razones de prudencia aconsejadas por la falta de pruebas al respecto. Está claro que cuando se acude a la tortura en la investigación policial y judicial se sustituye la racionalidad por la brutalidad. La prohibición de estos métodos se fundamenta en la necesidad de garantizar la inviolabilidad de la persona, frente a cualquier forma de presión o humillación ejercida sobre ella en base a una mal entendida eficacia del sistema de represión de la delincuencia. Si esto es más que suficiente para rechazar cualquier práctica de tortura o malos tratos, no es menos cierto, que, incluso desde posiciones estrictamente defensistas del poder, la tortura no es buen método de investigación, pues su utilización ha servido en ocasiones de argumento legitimador para quienes propugnan la violencia como medio de consecución de fines políticos, al facilitarse su discurso con la alusión a un Estado torturador, lo que no puede olvidarse es que si se pretende ser eficaz, tal lucha ha de ser serena y desprovista de toda carga emotiva y no estar al servicio de inconfesables intereses. Por eso, en el asunto de las denuncias de malos tratos a los detenidos de Terra Lliure y, con independencia de su veracidad que aquí ni se afirma ni se niega, el hecho de que se inscriban en una campaña que pretende disfrazar los hechos para convertirlos en una cacería indiscriminada contra la disidencia nacionalista, ya sería para algunos dato suficiente para dudar de la seriedad de tales acusaciones.

Pactos y delitos

Y para crear todavía más confusión, algunos han apelado a una especie de pacto preolímpico que pretendería garantizar la paz de los Juegos. Si tal pacto existe desde luego debe quedar fuera de su contenido las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad encaminadas a la investigación de hechos delictivos y a la detención de presuntos responsables, porque sobre estos extremos no puede haber pacto alguno. Pero lo que resulta todavía más inconcebible es que se intente presionar al juez apelando a este pacto y a la inconveniencia política de su actuación para obtener la puesta en libertad de los detenidos. Esto no sólo atenta contra la independencia judicial, sino que además demuestra una concepción de la Administración de justicia que nada tiene que ver con la que debe regir en un Estado de derecho. Y al juez no es que se le pueda perdonar que no haya aplicado más lógica que la judicial, cosa que se ha podido leer en estos últimos días, sino que al juez debe de exigírsele que no aplique ninguna otra lógica. El juez no puede atender más razones que las que se derivan del cumplimiento estricto de la Ley y en su actuación está sometido exclusivamente al Ordenamiento Jurídico. Argumentos de oportunidad política o connivencia con el poder deben ser ajenos en su proceder, porque de lo contrario podrían ocurrir muchas cosas nada deseables, como por ejemplo, que la trama de los GAL no se hubiese investigado nunca.

Aracell Manjón-Cabeza Olmeda es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de julio de 1992