Deshielo del colchón

EL DESHIELO de la concertación social producido hace una semana, incluyendo la voluntad de canalizar algunos temas de discusión hacía el Consejo Económico y Social (CES), viene a recordar que este organismo, concebido como un colchón capaz de amortiguar las tensiones sociales, sigue pendiente de constitución 14 meses después de que su creación fuera aprobada por el Parlamento. Que el primer acuerdo alcanzado tras la entre vista de los líderes sindicales con Felipe González haya sido el desbloqueo de esa cuestión resulta alentador. Que los otros dos acuerdos en ciernes propiciados por el encuentro del lunes se refieran a la formación profesional continua y a la reforma de ciertas modalidades de contratación temporal avala el moderado optimismo con que fue valorado el encuentro y el acierto de plantear la concertación como un proceso de acercamiento paulatino, partiendo de los asuntos sobre los que las divergencias son menores.El hecho de que, pese a ser España el país con mayor paro de entre los comunitarios, sigan existiendo sectores en los que numerosas ofertas de empleo quedan sin cubrir revela la inadecuación del sistema de formación y reconversión profesional. De otro lado, una de las pocas conclusiones respecto a las causas determinantes del desarrollo en que están de acuerdo economistas y sociólogos es el papel decisivo de la educación en general, y de la formación profesional en particular. Materia, por otra parte, en la que el relativo atraso de España permite avances que sin duda repercutirán en su competitividad. De ahí la importancia de las iniciativas tendentes a asociar a los sindicatos y organizaciones empresariales a las tareas formativas. El preacuerdo sobre formación continua logrado hace meses entre sindicatos y patronal estaba a falta de la aceptación por parte del Gobierno del sistema de financiación. El ahora consensuado permitirá doblar los fondos destinados a esa función.

También es probable el acuerdo sobre modificación o supresión de algunas modalidades de contrato temporal, en la línea marcada por el informe realizado el año pasado por la comisión de expertos sobre el mercado laboral constituida a instancias del Ministerio de Trabajo. La reducción de tres a dos años de la duración máxima de los contratos de fomento del empleo, de prácticas y para la formación era una de las recomendaciones sustanciales del informe, y sobre ello existía ya un acuerdo genérico en la mesa sectorial que quedó interrumpida en vísperas de la huelga general de mayo.

La canalización hacia el Consejo Económico y Social de la discusión sobre los aspectos del plan de convergencia con mayor incidencia social (todo lo relacionado con la moderación del gasto) permitió aplazar los asuntos más resistentes al acuerdo. Tras el compromiso gubernamental de consensuar el nombre del presidente de ese organismo, se espera que en otoño quede definitivamente configurado. Será entonces el momento de comprobar hasta qué punto su diseño como organismo permanente de encuentro y debate social permite hallar un punto de equilibrio entre la voluntad de los interlocutores sociales de influir en la determinación de la política económica y la responsabilidad del Parlamento y el Gobierno en su definición y ejecución. Un equilibrio, de otro lado, capaz de armonizar los intereses representados en medida suficiente como para evitar, si no todo conflicto, al menos aquellos en los que todas las partes resultarían perjudicadas.