El Gobierno pretende sustituir el 'impuesto religioso' por las donaciones a la Iglesia

El Gobierno proyecta acabar con la asignación tributaria como fórmula de financiación de la Iglesia católica. El Ejecutivo socialista pretende que esta confesión alcance la independencia económica a través de las donaciones directas de sus fieles, que gozarían de exenciones fiscales. La propuesta para acabar con el llamado impuesto religioso fue formulada recientemente por escrito por el Gobierno a la Conferencia Episcopal Española.

La propuesta del Ejecutivo socialista, que no exige a la Iglesia católica que fije una fecha para alcanzar su auto financiación, está fundamentada en el proyecto de ley de incentivos fiscales, en trámite parlamentario, conocida como ley de mecenazgo. En esta ley se explicita que las donaciones que hagan los fieles a su Iglesia desgraven como mínimo en un 15% de la base imponible o de la cuota íntegra del IRPF.Los beneficios fiscales alcanzarían, obviamente, a las confesiones judía, musulmana y protestante, que no disfrutan de la asignación tributaria prevista en la declaración de la renta como vía de financiación. La Iglesia católica obtuvo e. través del denominado impuesto religioso, y con cargo al ejercicio de 1990, 10.612 millones de pesetas. Esta cantidad, que unos cuatro millones de contribuyentes destinaron a la Iglesia en la declaración de renta de 1991, fue completada por el Estado con 4.587 millones en virtud de los acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1979.

La propuesta realizada por el Gobierno, que ha sido confirmada a este diario por Dionisio Llamazares, director general de Asuntos Religiosos, prevé que la aplicación de la nueva fórmula de financiación no comporte riesgos para la Iglesia católica. Llamazares, durante una conferencia pronunciada a comienzos de junio en Valladolid, indicó que hay "un acuerdo de principio entre las partes" para cambiar el modelo de financiación de la Iglesia católica.

La sustitución del impuesto religioso por las donaciones directas no significaría la desaparición automática de la ayuda estatal. El Estado continuaría completando hasta los 15.000 millones los ingresos que la confesión católica obtuviera a través de la aportaciones directas de sus fieles. Incluso, a partir del año en que los ingresos por donaciones autofinancien a la Iglesia católica, el Gobierno está dispuesto a conceder un periodo provisional para reactivar la ayuda estatal en caso de que en un ejercicio económico no se alcanzaran los 15.000 millones de pesetas. Si los cuatro millones de contribuyentes que en su declaración de renta de 1990 marcaron la casilla de la asignación tributaría hubiesen donado a la Iglesia unas 5.000 pesetas, ésta habría alcanzado la autofinanciación. En este supuesto, hubiera ingresado unos 20.000 millones de pesetas.

El nuevo modelo de financiación propuesto para la Iglesia podría afectar también al Ministerio de Asuntos Sociales, que recibe la parte que los contribuyentes no destinan a la Iglesia. El nuevo sistema pretende acabar con un periodo transitorio basado en el impuesto religioso, de dudosa coristitucionalidad porque puede entrar en colisión con la aconfesionalidad del Estado y el principio de igualdad.

González, con Sodano

La nueva fórmula propuesta por el Gobierno es conocida por el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal. Los obispos de la comisión permanente recibirán presumiblemente información acerca de la propuesta del Ejecutivo socialista durante su reunión esta semana en Madrid.

La financiación de la Iglesia católica en España será abordada probablemente durante el encuentro que mantendrá el próximo martes el presidente del Gobierno, Felipe González, con el secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia atraviesan por un momento especialmente cordial y de colaboración mutua. El cardenal Sodano inicia hoy su primera visita oficial a España, presidiendo una misa en Sevilla. Sodano asistirá mañana como legado pontificio a la celebración del Día de la Santa Sede en la Expo.