El Gobierno no debatió la situación, que califica de "delicada"

C. M., Los últimos indicadores de la economía española reflejan "una situación lo suficientemente delicada como para llevar a cabo un proceso de análisis serio y profundo", según afirmó la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde. Sin embargo, el Consejo de Ministros no dedicó ayer ni un solo minuto a analizar el deterioro del déficit público o del empleo, datos que han provocado una fuerte inquietud en medios económicos y financieros.

La ministra explicó que ni el titular de Economía, Carlos Solchaga, planteó el debate, ni la ausencia del presidente del Gobierno aconsejaba que éste se produjera. Ello permitió a Rosa Conde volver a desmarcar al conjunto del Gobierno del ajuste presupuestario anunciado el pasado jueves por el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza. Cuando el ministro de Economía apuntó en el mismo sentido la necesidad de subir las retenciones del impuesto sobre la renta, Conde también se distanció al señalar que no era una decisión del Ejecutivo en su conjunto. Días después, el presidente del Gobierno respaldó la iniciativa de Solchaga.

Lo "delicado" de la situación sólo merece, por el momento, un análisis serio, pero dentro del Ministerio de Economía, según Conde. Una vez que éste se produzca, "el Gobierno decidirá si lo asume y entonces se verá si son necesarias medidas adicionales a las previstas en el plan de convergencia", añadió. Hasta ahora, pues, no hay nada decidido sobre otras posibles medidas como una subida del IVA o un recorte del gasto público.

Cambios en el IRPF

Por otra parte, el Consejo decidió modificar algunos aspectos del recién aprobado reglamento del impuesto sobre la renta y del sistema de fraccionamiento de pagos. Así, se admite que, bajo determinados supuestos, el pago fraccionado sea del 20% de los rendimientos netos del trimestre en curso. También se establece un mínimo de 50.000 pesetas en retribuciones en especie, por debajo del cual no es obligatoria la retención. Se excluye igualmente de las retenciones algunas operaciones de sociedades y agencias de valores y las trasmisiones de deuda del Estado que realicen las entidades gestoras, con algunos requisitos.