La Administración reconoce que está desbordada por el aumento de objetores
El director general de Asuntos Religiosos y de Objeción de Conciencia, Dionisio Llamazares, reconoció ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso que la prestación sustitutoria de los objetores tiene "graves problemas" de funcionamiento. Estos problemas se derivan de la falta de plazas suficientes para colocar al alto número de jóvenes que objetan al servicio militar, y de la lentitud en los trámites administrativos.En este sentido, admitió que al Ministerio de Justicia le cogió "desprevenido" el espectacular aumento del número de objetores que se produjo en 1990, coincidiendo con la guerra del Golfo, año en que pasó de 13.000 a 27.000.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- IV Legislatura España
- Dionisio Llamazares
- Insumisión
- Ministerio de Justicia
- Prestación sustitutoria
- Gobierno de España
- Presidencia Gobierno
- Política justicia
- Congreso Diputados
- Senado
- Servicios sociales
- PSOE
- Comisiones parlamentarias
- Servicio militar
- Ministerios
- Política social
- Legislaturas políticas
- Partidos políticos
- Parlamento
- Gobierno
- Defensa
- Administración Estado
- Administración pública
- Justicia
- España