La exclusión de fármacos de la Seguridad Social alarma a los laboratorios

La financiación selectiva de medicamentos por parte de la Seguridad Social, prevista para el próximo otoño por el Ministerio de Sanidad y Consumo, "va a desertificar farmacéuticamente España", según fuentes de Farmaindustria. Esta organización, que aglutina 240 laboratorios, confía por ello en negociar esa medida con la Administración. Sanidad afirma, en cambio, que esa medida -básica para controlar el gasto sanitario- "es dialogable, pero no negociable".

La factura farmacéutica alcanzará este año cifras superiores a los 500.000 millones de pesetas. Esto representa casi un 20% del total del gasto sanitario, mostrando además una tasa de crecimiento del 18% al 20% anual. Un documento de Sanidad, que será analizado el próximo lunes por el Consejo Interterritorial como base para la mejora del Sistema Nacional de Salud, afirma que el "origen de ese creciento no se encuentra en el incremento del número de recetas ni en la evolución de los precios, sino en la permanente incorporación de medicamentos nuevos y más caros, sobre los que además existen justificadas dudas en relación con su mayor eficacia sanitaria".Las medidas previstas frente a los nuevos fármacos son las que han sembrado la alarma en los laboratorios. Éstos se habían resignado ya a que una serie de grupos terapéuticos indicados para síndromes menores, y generalmente de coste barato, quedasen excluidos de la Seguridad Social en la denominada lista negativa. La polémica se centra ahora sobre el tercer punto del proyecto de real decreto. Éste recoge que quedarán excluidas las especialidades farmacéuticas que con igual composición cuantitativa tengan un precio más elevado, así como las que "teniendo similar efecto terapéutico que otras ya comercializadas, su coste de tratamiento sea superior". Además, la lista de medicamentos que podrán recetar los médicos de la Seguridad Social "será actualizada, al menos, una vez al año". Es decir, un fármaco registrado y admitido este año puede quedar excluido en 1993. El problema para los laboratorios consiste en que las ventas a la sanidad pública representan la práctica totalidad del mercado.

Marcos Peña, director general de Evaluación de Servicios, reconoce que ese punto "suscita complicaciones", al tiempo que señala que "la propia industria no mantiene una postura unitaria". Disparidad que no se da en Sanidad. Tanto Peña como Regina Revilla, directora general de Farmacia, coinciden en que ese artículo es necesario para "salvaguardar los intereses generales". El plazo de un año se ha fijado para dar garantías a los laboratorios de que recuperarán las inversiones realizadas en el nuevo fármaco, según manifestó Regina Revilla, profunda conocedora de la industria, el pasado miércoles en el Congreso.

A esto, Rafael Foguet, presidente de Farmaindustria, aduce que algunos medicamentos tienen "detrás de sí 12 años de trabajo y una inversión de 25.000 millones de pesetas". "En ninguna parte del mundo ocurre que un medicamento pueda ser incluido en la Seguridad Social y luego excluido", apostilla Enrique González Herveda, director general de Farmaindustria.

Similitud o igualdad

"El problema estriba en lo que denominan similitud terapéutica", apunta Tomás Vilarroya, de los laboratorios norteamericanos Squibb. "Similitud no es lo mismo que igualdad. La similitud terapéutica es una utopía", afirma. José Manuel Reol, asesor de Farmaindustria, se muestra aun mas contundente: "La exclusión después de la inscripción significa tener a este país en la inseguridad terapéutica y fomentar, la competencia desleal".