Mexico revisará el tratado de extradición y expulsa a agentes 'antinarco' de EE UU

El Gobierno mexicano anunció ayer que someterá a revisión el tratado de extradición con EE UU y expulsó a todos los agentes de la Agencia Norteamericana Antinarcóticos (DEA). Era la primera consecuencia de la decisión adoptada: el lunes por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de permitir el secuestro fuera de las fronteras norteamericanas de los fugitivos de la justicia de este país. En Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuador, jueces y políticos condenaron duramente la medida.

La enérgica decisión del Gobierno mexicano de expulsar a los agentes de la DEA que actuaban en su territorio se produjo horas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara legal el secuestro que sufrió en 1990, en Guadalajara (México), un cirujano, prófugo de la justicia norteamericana, que agentes de la DEA se encargaron posteriormente de entregar a Estados Unidos tras transgredir las leyes mexicanas.La decisión de este tribunal, con sede en Washington, fue recibida en México en medio de un fuerte escándalo político y de reiteradas protestas acerca de la violación del derecho internacional, que hacen prever el inicio de una crisis de mayores consecuencias entre los dos países.

Los mexicanos se quedaron atónitos al conocer que una de las consideraciones del tribunal advierte textualmente que "el secuestro del acusado no violó el tratado de extradición de 1978 porque no hay ningún artículo que expresamente prohíba secuestros internacionales", o admite sin escrúpulos que "quizá sea correcto señalar que el secuestro pudo haber violado los principios generales del derecho internacional".

México, a través de una nota de protesta de su Gobierno, consideré "inválida e inaceptable" esta, resolución judicial, y advirtió que juzgará como "un acto criminal" cualquier. intento de secuestro de un nacional que sea llevado a la justicia de otro país.

La resolución judicial fue fallada por seis votos contra tres y sienta el precedente de que cualquier secuestro de prófugos de la justicia norteamericana en el extranjero es legal.

Los tres magistrados que se opusieron a la sentencia la consideran una "monstruosa decisión" y explicaron que cuando se divulguen los fundamentos que la justifican "la mayoría de los tribunales del mundo civilizado va a sentirse profundamente perturbada".

Incidente diplomático

El secuestro del cirujado originó en su día el más grave incidente diplomático entre los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de George Bush, hasta, el punto de que México ha venido reclamando insistentemente a los tribunales norteamericanos la devolución del acusado para que sea juzgado en su territorio conforme a sus leyes.

El cirujano Humberto Álvarez Machaín fue secuestrado en abril de 1990 por policías mexicanos sobornados por la DEA que, una vez en su poder, se encargó de entregarlo a la justicia de Estados Unidos. Este médico está acusado de complicidad en el asesinato del agente antidrogas norteamericano Enrique Camarena, un caso que ocurrió en 1985 en México y que conmociono a la opinión pública de Estados Unidos.

El cuerpo de Camarena, que había sido previamente torturado, apareció mutilado y con síntomas de haber sido drogado mediante inyecciones, que se supone se las suministró Hernández Machaín.

En Estados Unidos, mientras, el ministro de Justicia, William Barr, manifestó ayer que la decisión tomada por el Tribunal Supremo "es una importante victoria de los esfuerzos de Estados Unidos para luchar contra los terroristas y los narcotraficantes que actúan contra este país desde el extranjero".

La medida, en realidad, sólo viene a dar respaldo legal a una política que la Administración de George Bush ha defendido desde hace años. El propio William Barr, cuando era el número dos del Ministerio de Justicia, en 1989, envió una comunicación al FB1 mediante la cual autorizaba a esa oficina a detener a sospechosos en cualquier país del mundo sin necesidad de contar con el permiso del país afectado.

El juez John Paul Stevens, uno de los que se opuso a la decisión dentro de una tribunal claramente dominado por el sector conservador, dijo que "el deseo de venganza no es. justificación para ignorar el papel de la ley, que es lo que tiene que proteger el tribunal".

El diario The Washington Post advertía ayer en un editorial que "si el presidente insiste en utilizar la detención forzosa, en contra de los tratados de extradición, no debe de extrañarse que los países con los que tiene firmados esos tratados le pidan una renegociación para esclarecer los términos de su relación legal con Estados Unidos".

Condena latinoamericana

Políticos y jueces de Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, condenaron en términos enérgicos la decisión del Tribunal Supremo norteamericano. El vicepresidente Boliviano Luis Ossio Sanginés, la calificó como "un atentado contra el Derecho Internacional", informa France Presse.

También el Gobierno colombiano rechazó la sentencia estadounidense a través de un comunicado en el que la definía como "un grave precedente cuyos efectos violan ostensiblemente los principios fundamentales del orden internacional".

En Quito, capital de Ecuador, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana, Walter Guerrero, señaló que la decisión del tribunal norteamericano "puede desencadenar la violencia internacional" y en Venezuela, Hilarión Cardozo, presidente del COPEI, principal partido de oposición, indicó que la sentencia "convierte a Estados Unidos en policía del mundo por autodesignación". Cardozo pidió al Parlamento, a la corte Suprema de Justicia de Venezuela y al Gobierno de Carlos Andrés Pérez que adoptaran medidas claras en contra de la decisión del alto tribunal estadounidense.