El Supremo de Estados Unidos autoriza el secuestro de sospechosos en el extranjero

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio ayer su aprobación al Gobierno de este país para que pueda secuestrar en el extranjero a cualquier persona reclamada por la justicia norteamericana sin respetar los tratados de extradición ni cualquier otra legislación internacional. La medida dividió a los miembros del más alto tribunal y promete crear una fuerte polémica en las relaciones de Estados Unidos con otros países.

Por seis votos contra tres, el Tribunal Supremo decidió que la detención forzosa de un sospechoso fuera de las fronteras norteamericanas no es un obstáculo para que ese individuo sea juzgado en Estados Unidos. Es decir, que es perfectamente legal saltarse los convenios internacionales para sentar a cualquier acusado ante los jueces de este país.Esta decisión da la razón a la Administración del presidente George Bush, que había reclamado desde hace años el derecho a detener a los traficantes de drogas, los terroristas o cualquier otra persona buscada por la justicia norteamericana en cualquier país en que se encuentre.

El Gobierno de Estados Unidos ejecutó ya esa política en diciembre de 1989 al invadir Panamá para secuestrar al general Noriega, que ha sido juzgado este año en Miami. Pero el caso que ha dado pie a la decisión del Tribunal Supremo fue el del médico mexicano Humberto Álvarez Machaín, presunto involucrado en el asesinato del agente de la Oficina Antinarcóticos (DEA) Enrique Camarena en 1985.

Sentado el precedente

Álvarez Machaín fue secuestrado en 1990 en Guadalajara por mexicanos que cobraron recompensa de agentes norteamericanos, a los que se lo entregaron en la frontera entre los dos países. Un tribunal de apelaciones en California decidió que la detención del sospechoso había sido ilegal y ordenó la devolución del detenido a México. Pero, a petición del Gobierno, el expediente llegó hasta el Tribunal Supremo, que ayer rebatió la decisión del juez californiano y sentó un precedente que podría utilizar el Gobierno de Estados Unidos en otros casos, como, por ejemplo, el de los libios acusados del atentado contra el avión de Pan Am.

Por el secuestro de Álvarez Machaín, que fue entregado en El Paso por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, que actuaron por su propia cuenta, se entregó una recompensa de 50.000 dólares. El Gobierno mexicano protestó oficialmente por aquel episodio.

William Rehnquist, presidente del Tribunal Supremo, informó que la polémica decisión de ayer fue tomada fundamentalmente para permitirle al Gobierno procesar a Álvarez Machaín, más que como precedente para otros casos, pero expertos judiciales opinaron que esta histórica decisión supone resucitar la doctrina que el Tribunal Supremo tenía en 1886 a favor de los secuestros fuera de Estados Unidos.

A Álvarez Machaín se le acusa de haber drogado al, agente Macarena para que éste fuese interrogado y torturado por sus secuestradores.