La verdad y toda la verdad

LA MARATONIANA comparecencia del gobernador, del Banco de España ante la Comisión de Economía del Congreso resultó ayer del máximo interés. La sesión había sido solicitada por la oposición a raíz de la publicación de los informes de la inspección del Banco de España sobre Ibercorp, que evidenciaban una situación de este grupo financiero bastante más grave que la descrita por el gobernador ante la propia comisión. La sesión parlamentaria tenía un objeto fundamental, además de otros complementarios: clarificar las causas de las contradicciones entre el relato de Mariano Rubio y las conclusiones de sus inspectores, para dilucidar si su comportamiento ante los representantes de la soberanía popular en su primera comparecencia sobre el caso había sido o no correcta. Pues bien, pese a la amplia argumentación desgranada en la sesión, Mariano Rubio -y ésta es la conclusión política principal- no convenció.El dato es relevante, pues supone la situación inversa a la que consiguió el gobernador en su primera comparecencia. En aquella ocasión, la práctica total¡dad de los grupos parlamentarios endosaron el núcleo de las explicaciones ofrecidas por Rubio, a pesar de que no quedaron ni mucho menos despejadas todas las incógnitas planteadas. Posteriormente, otras novedades se sumaron a estos interrogantes no aclarados, entre ellas, las vinculaciones de familiares del gobernador -su hermana y su cuñado- con sociedades del grupo Ibercorp. Y sobre todo, afloró la contradicción entre su relato al Congreso y el contenido de los informes redactados por sus inspectores.

Este punto fue abordado ampliamente en la sesión parlamentaria de ayer. El gobernador adujo sus razones para haber mantenido el silencio sobre la situación exacta de Ibercorp: jurídicas, por la normativa europea que constriñe al silencio a la autoridad monetaria en determinados casos; de responsabilidad administrativa, porque sena insensato que la autor¡dad monetaria cooperase al hundimiento de una institución financiera,. y formales, porque los informes son la opinión de los inspectores y no del Banco de España como institución.

Pero estas razones no constituyen definitivamente la razón. La contradicción sobre la situación de Ibercorp -"en perfecto estado", según el gobernador en su primera comparecencia, y al borde de la inviabilidad, como la describieron los inspectores- no ha quedado dilucidada. La explicación de que los elementos de la crisis ya fueron ofrecidos en la primera comparecencia, aunque con mucha discreción, no es satisfactoria: aquél fue un relato con sordina, sin los datos suficientes para que los diputados sacasen conclusiones definitivas, como se manifestó ayer.

Es decir, si había que silenciar la información así había que haberlo explicado anteriormente, y la que se dio, en tal caso, era excesiva, incluidos no pocos calificativos y juicios de valor. Y si había que ofrecer la a los diputados -aunque fuera en sesión secreta-, habría que haberla dado completa.

El ánimo persecutorio de algunos, que prefieren sustituir su oficio por el de los fiscales, les llevó a concluir -mucho antes de oír a Rubio en el Parlamento- que el gobernador mintió ante el Congreso, atribuyendo a su actuación un elemento doloso: la intención de engañar. Despreciando esas actitudes, lo que resulta claro en cuanto a la responsabilidad política del gobernador es que no dijo toda la verdad y nada más, que la verdad. Independientemente de sus intenciones, confundió al Parlamento. Y si eso no conlleva necesariamente la morbosa gravedad de la mentira, arrastra una responsabilidad política objetiva ineludible.

No se trata de debatir aquí una cuestión de honestidad personal: ante este asunto, la larga trayectoria de Rubio es un punto de referencia, a lo que cabría añadir su explicación -que le compromete- de que pertenece al grupo de los perjudicados económicamente por los gestores de Ibercorp. Se trata de una cuestión de responsabilidad política, de la imprescindible coherencia de un alto cargo sobre el cual no puede decirse alegremente que mintiera, pero sí que ni explicó toda la verdad ni ofreció a los diputados explicaciones suficientes, lo que resulta más embarazoso en un caso en el que mantenía vinculaciones personales y familiares con sus protagonistas.

El Banco de España, institución básica del Estado, lleva casi cuatro meses de permanente deterioro de su imagen pública. Su autonomía sólo es posible si está por encima de toda sospecha y, para ello, requiere no sólo mantener su tradicional calidad técnica y prestigio internacional, sino también suscitar el máximo respeto de la sociedad, y sus representantes. políticos. Este prestigio está mellado, y el consenso, irreversiblemente roto. Por ello, dado que al gobernador le queda apenas un mes y medio para acabar su mandato, parece imprescindible que el Gobierno elija de modo inmediato a su sucesor y se acabe este impasse improrrogable.