Economistas de la salud critican las propuestas de financiación de la sanidad del 'informe Abril'

La Comisión de Economistas de la Salud del Colegio de Economistas de Cataluña, organización interdisciplinaria integrada por 120 expertos en gestión sanitaria y economía de la salud, se ha pronunciado en contra de las propuestas sobre financiación de la sanidad contenidas en el informe Abril por "sus implicaciones políticas en términos de equidad". La comisión valora positivamente, en cambio, las propuestas sobre organización y gestión de los servicios sanitarios. Con este pronunciamiento público, la comisión pretende reabrir el debate sobre la reforma sanitaria.

"La realidad es mucho mas compleja que el todo o nada con que se ha juzgado el informe Abril. Ni el rechazo del primer momento ni las adhesiones acríticas actuales parecen apropiadas", afirma la Comisión de Economistas de la Salud, que considera acertado el diagnóstico del informe Abril sobre los problemas del sistema sanitario, y globalmente positivas las propuestas sobre organización y gestión. Las recomendaciones de financiación son, en cambio, Ias mas cuestionables". En este apartado, el informe Abril sostiene que no es posible financiar el incremento previsible del gasto sanitario con fondos públicos, y defiende que el usuario participe en la financiación mediante el pago de una parte de la asistencia.

Los economistas de la salud no comparten la premisa de que "la sociedad no está dispuesta a hacer un mayor esfuerzo tributario para financiar al sanidad pública". Por el contrario, consideran que las posibilidades de financiación pública no están agotadas. "En realidad, el dilema en que se encuentra el Gobierno es si el incremento del coste sanitario que necesariamente se va a producir en los próximos años en España por razón de su desarrollo económico lo va a asumir el Estado, aunque sea con limitaciones, a través de los impuestos, o va a inducir que lo paguen los ciudadanos de su propio bolsillo", afirma Guillem López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y portavoz de la comisión.

Recortes gasto sanitario

El modelo de financiación de la sanidad es una cuestión esencial que el informe Abril no resuelve adecuadamente, según la comisión. La contención en el gasto sanitario público anunciada por el Gobierno en aras del cumplimiento de los acuerdos de Maastrich afecta de lleno a ese dilema, según Guillem López: "Recortar el presupuesto destinado al sistema sanitario público puede aliviar el problema del déficit público, pero deja sin resolver el de la racionalización del gasto sanitario. Un eventual recorte del presupuesto sanitario público no garantizaría la reducción del gasto sanitario total, y en cambio provocaría un debilitamiento relativo del sector público y un reforzamiento del sector privado". El porcentaje del producto interior bruto (PIB) que se destina a sanidad asciende en España al 6,9%, que se reparte entre un 5,3% del sector público y un 1,6% del sector privado. La mejor forma de defender la sanidad pública en estos momentos es, según Antonio Caro, también miembro de la comisión, emprender una reforma en profundidad que le permita afrontar el reto de los próximos años, para lo cual necesita que se le garantice una dotación presupuestaria suficiente. "Reducir las prestaciones públicas en base a fomentar los seguros privados complementarios puede llegar a doblar el gasto sanitario en pocos años, y, si bien es cierto que el incremento no lo pagaría el Estado, no está claro que se lograra una mejor atención ni un mayor nivel de salud en la población", afirma Guillem Sánchez.

El informe Abril resuelve el problema de la insuficiencia presupuestaria mediante el pago directo de una parte de la asistencia por parte del usuario. En opinión de Guillem López, en este apartado, el informe Abril constituye una marcha atrás respecto de la vigente Ley General de Sanidad: "La ley reconoce el derecho a la salud como un derecho universal, lo que garantiza el acceso al sistema sanitario tanto a los que cotizan como a los que no. El informe propugna que se mantenga un sistema mixto de financiación, manteniendo las actuales cuotas de los trabajadores, cuando lo lógico sería plantear la financiación de la sanidad íntegramente a través de los impuestos generales".

"Por otra parte", prosigue Antonio Caro, "se plantea la participación del usuario en el pago de la asistencia, sin que exista ningún estudio ni sistema de información que permita evaluar la eficacia real de una medida de este tipo y cómo afectaría a la equidad, es decir, a la igualdad de acceso de todos los usuarios a los servicios sanitarios. Tampoco se ha valorado qué impacto tendría sobre la salud".