La Junta resuelve la multa a Rincón y a Espartaco la próxima semana

JUAN MÉNDEZ El consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Ángel Martín-Lagos, resolverá la próxima semana las alegaciones presentadas por los matadores Juan Antonio Ruiz, Espartaco, y César Rincón a la propuesta dictada el pasado 9 de febrero que les sanciona a una multa de 10 millones de pesetas por su negativa a lidiar la corrida de la Expo, el pasado 4 de octubre de 1991.

Fuentes de la Consejería de Gobernación señalaron ayer a este periódico que las alegaciones presentadas por los representantes de los toreros el pasado 1 de abril- han sido ya estudiadas por el consejero, quien firmará antes de final de mes la resolución.

Contra el fallo del consejero andaluz cabe aún un recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico indicaron que de ratificarse la sanción económica, el fallo llevaría anexa una pieza de suspensión hasta el pronunciamiento del alto tribunal andaluz.

En el expediente sancionador 29/91, abierto por la "inasistencia injustificada" de los toreros a la corrida organizada por la Expo 92 el pasado mes de octubre, se afirma que "pese a los numerosos avatares y desagradables incidentes producidos durante la realización de las operaciones preliminares de dicha corrida de toros, se llegó por parte del cuerpo de veterinarios a la aprobación para la lidia de ocho reses, al reunir todas ellas el tipo zootécnico requerido p1ra este tipo de festejos, por lo que no existía impedimento reglamentario alguno para la celebración del mismo".

Los hechos probados constituyen, según la propuesta de sanción, una infracción grave que puede ser sancionada con multa de 25.000 pesetas a 10 millones, y con la suspensión para lidiar hasta un máximo de seis meses. La propuesta firmada por el instructor del expediente, Antonio Vallejo Orellana, propone la máxima sanción económica para los toreros, aunque no aplica la posibilidad de inhabilitación profesional.

En el escrito se indica que los hechos tuvieron "gran trascendencia social, tanto en la opinión pública como en los aficionados y en los medios de comunicación", y que la negativa de los toreros afectó "a la imagen pública de otras entidades".