La planta incineradora de Almadén podrá tratar 47.000 toneladas de residuos atómicos cada año

La primera planta española de incineración de residuos tóxicos, que se construirá en Almadén (Ciudad Real), tendrá una capacidad de tratamiento de 47.000 toneladas anuales y costará 7.000 millones de pesetas. Una sociedad mixta, con mayoría de capital público, promovida por Minas de Almadén y Arrayanes, SA (MAYASA), se encargará de su explotación. La constitución de esta empresa fue aprobada el pasado miércoles por el Consejo de Ministros.

La planta será la primera de este tipo en España y se inscribe en el Plan Nacional de Residuos Industriales de 1989, que contempla la construcción de otras dos instalaciones de estas características. La incineradora de Almadén quemará residuos industriales procedentes de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia y parte de la Comunidad Valenciana. Dichos residuos, según un documento elaborado por MAYASA, abarcan desechos de la industria farmacéutica, productos que contienen bifenilos policlorados (PCB) e incluso productos contaminados con dioxinas, entre otros.Junto a MAYASA será accionista de la sociedad de gestión la empresa estadounidense Waste Management Incorporated (WMI), que ha creado recientemente la Waste Management España. Se trata de una de las principales multinacionales especializadas en tratamientos de residuos y está terminando el proyecto de ingeniería básica de la incineradora, último paso para obtener el visto bueno de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla-La Mancha. "La autorización se espera que llegue antes del verano", afirma Enrique Calvet, director de recursos humanos de MAYASA. "La construcción de la planta se iniciará inmediatamente y tardará dos años", afirma.

La incineradora, que ocupará una superficie de seis hectáreas, se ubicará en la Dehesa de Castilseras, integrada en una finca de MAYASA, a cinco kilómetros de Almadén, a una distancia similar de Almadenejos y a ocho kilómetros de Alamillo. El emplazamiento ha sido decidido, según Carmelo Calvo, técnico de MAYASA, "por razones de infraestructura y, en especial, por la proximidad de una carretera y una vía de ferrocarril, y además intentando que no estuviera muy cerca de ninguna población".

La construcción de la nueva planta se ha presentado como una salida económica para la comarca tras la crisis de la minería de mercurio. "Supondrá la creación de 81 puestos de trabajo directo y cerca de 160 indirectos, contribuyendo a paliar en parte el problema social y de empleo de la comarca de Almadén", según el Gobierno. Parte de los puestos directos tendrán que ser cubiertos por personal especializado, en gran medida vinculados a la empresa estadounidense.

Críticas de Greenpeace

La presencia de Waste Management en la nueva sociedad estatal ha sido criticada con dureza por la organización ecologista Greeripeace, que recientemente daba a conocer un informe en el que la calificaba como "la empresa más penada por delitos ecológicos en Estados Unidos". Greenpeace indica que esta firma "ha pagado en EE UU 45 millones de dólares en multas ambientales en el periodo comprendido entre 1980 y 1990" y que "45 de sus instalaciones han incumplido la legislación federal y al menos 10 han contaminado acuíferos".El comunicado del Gobierno indica que la planta tendrá los más modernos sistemas de descontaminación, garantizando unos niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera inferiores a los exigidos por la legislación vigente, y no producirá ningún tipo de efluente líquido". Afirma también que dispondrá de un "moderno sistema de tratamiento de las escorias y cenizas que se produzcan". Sin embargo, Greenpeace, contraria a la utilización de las técnicas de incineración para eliminar residuos tóxicos, ha mostrado sus reservas frente a la creación de la nueva sociedad estatal. "No confíamos en la gestión ambiental de las empresas públicas, porque ahí está la trayectoria de ENDESA, acusada recientemente de delito ecológico, o Minas de Almadén, para darse cuenta de las escasas garantías de protección ambiental que están ofreciendo", dice Dolores Romano, portavoz de la organización.

En 1990, Minas de Almadén apareció insistentemente en los medios de comunicación, tras darse a conocer el estado de abandono de 12.000 toneladas de residuos de mercurio procedentes de industrias de todo el mundo, almacenadas en sus instalaciones sin las medidas de vigilancia requeridas para estos desechos de alta toxicidad.