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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Castigo a Libia

LA ENTRADA en vigor de las sanciones contra Libia decididas por el Consejo de Seguridad hace dos semanas, en su resolución 748, supone el fracaso de los esfuerzos realizados en los últimos tiempos por varios países árabes para buscar una solución de compromiso: ninguna de las ofertas del coronel Gaddafi cumplía las exigencias puestas en la citada resolución. Libia queda sometida a las tres medidas siguientes: cese de todo el tráfico aéreo con el exterior, cese de toda importación de armas y disminución "significativa" del personal diplomático libio en los diversos países: en España, la embajada contará con cinco funcionarios en vez de los seis que ha tenido hasta ahora. El objetivo esencial de estas sanciones es obligar al coronel Gaddafi a entregar a los dos agentes de sus servicios secretos qué, según las investigaciones realizadas por EE UU y. el Reino Unido, son culpables de haber puesto una bomba en el avión que se estrelló en Lockerbie en 1988, causando la muerte de 270 personas.Los países que han propugnado en la ONU las sanciones contra Libia,-EE UU, Reino Unido, Francia- han obtenido un respaldo importante del Tribunal Internacional de La Haya. Éste se ha negado a dictar medidas cautelares suspendiendo las decisiones del Consejo de Seguridad, y, partiendo del artículo 103 de la Carta de la ONU, ha declarado que la obligación de cumplir lo decidido por dicho organismo es superior a cualquier otro deber que pueda tener un Estado. ¿Cuál será la próxima etapa del caso libio? Hay que recordar que las sanciones tienen un carácter limitado; no afectan, por ejemplo, a la venta del petróleo, fuente principal de la riqueza libia. Las últimas noticias indican que, a pesar de los llamamientos de Trípoli, los países árabes, empezando por Egipto, van a cumplir lo decidido por la ONU.

Un factor negativo, en la fase actual, es que el Consejo de Seguridad aparece demasiado sometido a las presiones ejercidas por EE UU. Se está dando a Libia un trato distinto al de otros países cuya complicidad con el terrorismo ha sido patente, como Siria o Irán. En ese orden, conviene dejar perfectamente claro que el problema libio es muy distinto del conflicto planteado en 1991 por la agresión de Sadam contra Kuwait. Por ello, carecen de sentido las propuestas, encaminadas a transformar las actuales sanciones en medidas militares.

No se puede olvidar que EE UU, en sus relaciones con Libia, ha cometido graves errores: en 1986 bombardeó Trípoli, causando numerosas víctimas civiles, como represalia por un atentado en una discoteca de Berlín; pero datos posteriores han puesto en duda la autoría de Libia. En el mismo caso de Lockerbie, la culpabilidad de los agentes libios está aún por demostrarse, por serios que sean los indicios. Las decisiones del Consejo de Seguridad son políticas, pero no pueden sustituir una sentencia judicial. Por ello, las sanciones deben ser aplicadas como un paso hacia el castigo del terrorismo. Pero no se trata en este caso de un peligro para la paz y, por ello, no hay razón que pueda justificar el empleo de la violencia militar.

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