Juristas y consumidores acusan a las firmas de cobro a morosos de invadir la vida privada

Juristas y asociaciones de defensa de los consumidores acusan a las empresas que se dedican al cobro a deudores morosos de inmiscuirse en la vida privada de las personas. La Unión de Consumidores de España (UCE) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aseguran que en muchos casos tales empresas consiguen el cobro de deudas mediante la coacción, persecución o ridiculización del moroso.El abogado Jesús Santaella afirmó que algunas empresas de cobro a moroso! ofrecen "una más que dudosa legalidad". Para el catedrático de Derecho Penal Miguel Bajo, una prueba de que estas empresas rozan la ilegalidad "es que ofrecen", dijo, "una audacia y una serie de acciones que los particulares no se atreven a realizar". Según este penalista, al moverse en los límites de la legalidad es fácil que la traspasen, por lo que es necesario que se regule el derecho a la intimidad, al honor y al secreto para evitar las intromisiones.

Sólo en las guías de teléfonos de Madrid y !3arcelona se pueden encontrar más de 50 empresas dedicadas al cobro de deudas pendientes, según la UCE y la OCU, que recuerdan los casos de El cobrador del frac, El hombre del maletín, La pantera rosa o El cobrador de rojo, que perseguían a los deudores más recalcitrantes ataviados de forma estrambótica o disfrazados para distinguir al moroso y avergonzarle ante sus vecinos, compañeros de trabajo o conciudadanos.

El primer paso que suele dar la empresa de El cobrador del frac -que cuenta con 20 delegaciones y 12.000 clientes- es hacer un informe sobre los bienes del moroso "que le suele desarmar", ya que con frecuencia se trata de patrimonio que no está a su nombre, según Manuel Navarro, director general de dicha empresa.

A continuación intervienen los gestores, encargados de cobrar la deuda mediante cartas o llamadas, y en última instancia aparece El cobrador del frac. Navarro reconoce que su empresa ha sido denunciada varias veces, pero puntualiza que nunca ha sido condenada, porque "existe un derecho de crédito del cliente que es tan importante", asegura, "como el derecho a la no intromisión".

Contra estas actuaciones se han manifestado incluso empresas del mismo sector, que reconocen que tales métodos atentan contra los derechos de la persona.