El juez Bueren trata de evitar dilaciones en el segundo sumario de la colza

El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, instructor del denominado segundo sumario de la colza, ha llamado nuevamente a declarar como inculpados a siete altos cargos de la antigua Administración de UCD, a los que tomó declaración en los primeros días del pasado mes de marzo. Esta será la tercera vez que los denominados ex altos cargos de la colza efectúan declaraciones sobre los mismos hechos y las nuevas comparecencias tienen por objeto contrarrestar la dinámica de recursos desplegada por sus abogados defensores.El juez Bueren trata de evitar que el proceso se dilate hasta el infinito mediante un sistemático bombardeo, con recursos al Tribunal Constitucional, de cada paso que da en el sumario.

Hace dos años, el juez Bueren abrió juicio oral contra una decena de responsables de la Administración central y local de UCD cuando se produjeron los envenamientos con aceite de colza desnaturalizado. Uno de los procesados recurrió por haber sido inculpado en una causa en la que había declarado como testigo. El recurso prosperó, la decisión judicial quedó viciada de nulidad y el proceso estuvo paralizado dos años.

El pasado mes de marzo, Bueren reactivó el sumario y citó a nuevamente a declarar, esta vez como inculpados, a siete de los ex altos cargos. Verificadas por segunda vez las declaraciones, los inculpados se han quejaron de que éstas debieron realizarse "en la llamada fase de investigación, o diligencias previas". En consecuencia, algunos acusados han ido con ese argumento al Tribunal Constitucional.

Para impedir que un pronunciamiento del Constitucional dilatase "la ya larguísima duración de este procedimiento", Bueren ha decidido aceptar la ficción de que los recurrentes pudieran tener razón, y en vez de esperar durante meses o años el fallo del Constitucional, el juez retrotrae la nulidad de las actuaciones, no ya al momento de la apertura del juicio oral, sino a un momento anterior, en el que acordó concluir la instrucción. Ello implica anular también las declaraciones del mes pasado y que los inculpados tengan que repetirlas.