La CE culpa a la dispersión administrativa de la escasa protección del medio ambiente en España

La dispersión de competencias legislativas y administrativas, repartidas "entre numerosas administraciones autónomas", es la causa principal del retraso y de la aplicación parcial o deficiente de las normas de protección M medio ambiente en España, según un estudio publicado ayer por la Comisión Europea. El noveno informe anual sobre el control de la Aplicación del derecho comunitario critica "la falta de información" de los organismos competentes, "la insuficiencia de recursos administrativos" y Ia ausencia de coordinación centralizada de los temas medioambientales".

La Comisión Europea, aunque valora los esfuerzos "destacables" de las autoridades españolas en los últimos años, pone de manifiesto que "existen importantes carencias" en la trasposición de las directivas sobre medio ambiente. Por una parte, se produce a veces un retraso legislativo, y, por otra, la plasmación en normas nacionales de las obligaciones comunitarias es con frecuencia incompleta.Esta aplicación parcial se observa en varias directivas: clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas; ensayos de laboratorio; prevención de la polución atmosférica en las nuevas plantas de incineración de residuos municipales; valores límites de la calidad atmosférica por contaminación de anhídrido sulfuroso y partículas en suspensión; diseminación voluntaria en el medio ambiente de microorganismos genéticamente modificados, y nivel admisible de ruido de las máquinas segadoras de césped. Referidas al ruido, España tiene pendientes de recoger en leyes nacionales otras dos directivas.

Agua y residuos

Por otra parte, el informe señala que las normas españolas de protección de la naturaleza, del agua y de los residuos "no son plenamente conformes a todas las disposiciones de la legislación comunitaria". Con respecto a la pureza de las aguas, si bien algunas diferencias de la CE con España sobre sustancias peligrosas parecen resueltas, la reglamentación sobre aguas subterráneas "sólo es parcialmente conforme al derecho comunitario".

España carece de un cuadro reglamentario y administrativo para el control eficaz de los residuos peligrosos. Además, los plazos previstos en las normas nacionales no guardan relación con lo que prescribe la CE. Esta misma incompatibilidad se reproduce en el control de los transportes transfronterizos de desechos peligrosos.

Las autoridades españolas son especialmente remisas a enviar a tiempo los informes preceptivos sobre la aplicación de ciertas directivas, como es el caso de los controles sobre los residuos, calidad del aire y de las aguas. La única excepción es la información remitida sobre las aguas de las zonas de baño (playas, ríos y lagos), calificada por la Comisión Europea de satisfactoria.

A pesar de todas las deficiencias señaladas, la principal objeción de la Comisión Europea es la insuficiencia de la legislación española a la hora de aplicar la directiva sobre impacto ambiental. El Gobierno, a pesar de tener abierto un procedimiento de infracción por este motivo, "no ha remediado esta laguna".

En cabeza de las quejas

La gravedad del problema medioambiental en España se refleja por el número de quejas presentadas ante la CE por organizaciones, empresas y particulares. Las "denuncias afectan a todos los aspectos medioambientales y afectan a todas las regiones del país". Nuestro país está, junto al Reino Unido, a la cabeza de los Doce tanto por el número de quejas presentadas (111 en 1990) como por las actuaciones de oficio de la Comisión Europea (16). El año pasado el número de denuncias registradas fue sólo de 65, aunque esta cifra es todavía incompleta, pero la Comisión se vio obligada a pedir información o iniciar porcedimientos de infracción 18 veces.

El número de quejas presentadas contra Esp , aña ha seguido una evolución creciente desde 1987. La evolución ha sido de 5 casos ese ano a 111 en 1990. Lo mismo ha sucedido con las in tervenciones de oficio de los ser vicios de la CE, que han pasado de 4 en 1988 a 18 el pasado año. En un principio, por falta de in formación, el protagonismo correspondía a los turistas extranjeros, mayoritariamente los británicos, muy sensibilizados con el deterioro de reservas nacionales y la escasa protección de los pájaros.