Diez médicos y cuatro farmacias de Madrid estafan 31 millones a la Seguridad Social

El médico firmaba una receta innecesaria con los nombres verdaderos de un paciente. Un intermediario se encargaba de ir a la farmacia y recoger el medicamento. El farmacéutico pasaba después la cuenta a la Seguridad Social. La Administración sanitaria le pagaba el importe y ese dinero se repartía entre los tres. Así, hasta 31 millones de pesetas. El Insalud de Madrid ha descubierto la estafa, y está investigando a 10 médicos, cuatro farmacéuticos y a una firma radicada en Madrid y presunta tapadera del entramado.

El fraude mediante facturación de recetas falsas -todas ellas con fórmulas magistrales (las que hay que preparar en la farmacia)- es similar al descubierto en 1989 en Cataluña. El Insalud va a incoar expedientes sancionadores contra los 10 médicos, la mitad de ellos interinos. La Administración sanitaria estudiará, cuando concluya su investigación interna, llevar al juzgado de guardia a todos los implicados.Además de las 10 propuestas de sanción incoadas contra los médicos, existen otras dos contra las farmacias. El Insalud ha emprendido ya los trámites para sancionar a las otras dos boticas.

Fórmulas magistrales

El fraude asciende hasta la fecha a 31 millones de pesetas, según fuentes cercanas a la investigación, que no descartan que el montante estafado sea incluso superior.Las pesquisas se iniciaron en 1991, después de que la Inspección de Farmacia de Madrid advirtiera la existencia de numerosas recetas -casi todas de pensionistas- con fórmulas magistrales anormalmente costosas: 30.000 pesetas de media cada una. "También las hay con precios mucho más elevados", indican los citados medios.

Antolín Rodríguez, director territorial del Insalud, rehusó ayer pronunciarse al respecto No obstante, admitió que tenía conocimiento de la existencia de un fraude en la expedición de recetas con fórmulas magistrales. "Se ha iniciado una investigación cuyo contenido es materia reservada", se limitó a decir. Rodríguez no confirmó ni desmintió que exista una propuesta oficial tendente a sancionar a los 10 médicos y cuatro farmacias implicadas.

La investigación que aún está desarrollando el GISS, departamento de la policía especializado en temas de Seguridad Social, revela la existencia de este entramado, similar al descubierto en Barcelona, dedicado a estafar a la Administración sanitaria mediante la expedición de recetas falsas.

Según fuentes del GISS, personas vinculadas a la industria Cefarma actuaban como intermediarios entre los médicos y farmacéuticos implicados.

Servicio a domicilio

Los intermediarios conectaban con los facultativos y, a cambio de una comisión sobre el precio de venta al público de la fórmula magistral, recibían una receta. Los médicos las rellenaban con datos falsos de algunos de sus pacientes de la Seguridad Social. Después las entregaban al intermediario, que canalizaba los cobros a través de las farmacias cómplices, cuyos, titulares también percibían comisiones.Bastantes de los presuntos beneficiarios de esas recetas -el GISS ha investigado miles hasta la fecha- han asegurado no haberlas recibido ni haber comprado nunca los productos prescritos en ellas. En algunos casos, no obstante, el médico sí indicaba personalmente al paciente que le iba a recetar tal o cual preparado para combatir su afección. Paralelamente, le decía que él no tenía que molestarse en ir a recogerlo a la farmacia, pues se lo llevaría a casa un mensajero.

Los resultados de la investigación muestran asimismo que muchas de las recetas prescritas figuraban en las farmacias como compradas por pensionistas, para quienes los medicamentos son gratuitos, aunque en realidad estaban extendidas a nombre de trabajadores en activo.

El informe del GISS indica que la composición de la mayoría de los fármacos magistrales expedidos fraudulentamente consistía en mezclas de medicamentos baratos.

Cuando la Inspección de Farmacia observó la proliferación de recetas fraudulentas, la investigación se centró en 15 médicos, la mayoría interinos, que trabajan en ambulatorios y consultorios. Casi un año después, los inspectores han apreciado "indicios racionales delictivos" en 10 de ellos, que pueden ser expulsados de la Administración sanitaria. Algunos de estos 10 facultativos han confesado haber extendido recetas falsas y haber cobrado comisiones por ellas, aunque la mayoría lo niega.

Según fuentes de la investigación, uno de los socios de la firma intermediaria está vinculado a Imexfarma, involucrada en el fraude de Cataluña.