González anuncia severas medidas de ajuste en sanidad y política de empleo

El presidente del Gobierno, Felipe González, dejó claro ayer que la prosperidad de España está vinculada al éxito de la unión económica y política europea. González expresó su propósito de cumplir a toda costa en 1997 con los requisitos acordados en la pasada cumbre comunitaria de Maastricht, lo que comportará severas medidas de ajuste en la economía. El Gobierno congelará la creación neta de empleo público, así como el volumen de recursos destinados a las empresas públicas, y afrontará "el descontrol del gasto" en el Insalud y el Inem.

"Si queremos garantizar para el futuro que nuestro país disponga de una cobertura razonable del desempleo y una razonable sanidad pública, no podemos permitir que se prolongue la situación actual", sentenció Felipe González. No obstante, el jefe del Ejecutivo también quiso tranquilizar a los electores con el anuncio de que no aumentará la presión fiscal más allá de la alcanzada en 1993, cuando concluyan las consecuencias de la reforma del IRPF, y de que proseguirán las inversiones en infraestructura en torno a un 5% del producto interior bruto.Como adelanto de las explicaciones del plan de convergencia que próximamente detallará al Parlamento el ministro de Economía, Carlos Solchaga, González anunció que la lucha contra la inflación y el déficit será prioritaria para su Gabinete.

Una reducción aproximada del 0,5% anual en la tasa de inflación permitiría a la economía española, según él, situarse en 1996 en torno a 1,5 puntos por encima de los tres países de la CE con inflación más baja. Las medidas para conseguirlo, advirtió, repercutirán sobre todo en el sector de la construcción y de los servicios. Para contribuir a esa contención de la inflación, el Gobierno enviará "en breve" al Congreso un proyecto de ley sobre arrendamientos urbanos. Aunque los acuerdos de Maastricht fijan un tope del déficit público en el 3% del PIB, el plan de convergencia español fijará como objetivo que ese déficit sea el 1 %.

En réplica a José María Aznar, el presidente afirmó que este año quedarán construidos 1.300 kilómetros de autovía y que el año pasado se redujo en un 35% la lista de espera de solicitudes de teléfono.

En respuesta a las reiteradas acusaciones de la oposición González sostuvo que en España no hay corrupción política mientras no haya sentencia judicial que la pruebe. En la primera ocasión en que expone de forma detenida y meditada su opinión sobre la proliferación de escándalos políticos por corruptelas, replicó a la acusación del PP sobre una corrupción generalizada que sólo el número de sentencias condenatorias muestra con objetividad el grado de corrupción. "Castigar a los corruptos, pero también a los difamadores, ése es el equilibrio de la sociedad democrática", advirtió.

El presidente manifestó que, a su juicio, no hay ningún dato que avale que España sufra más irregularidades de los cargos públicos que otro país. La afirmación levantó un rumor de protestas en los diputados del PP.

Corrupción y opinión pública

El presidente advirtió que quien quiera demostrar la existencia de una corrupción generalizada "no debe hacerlo armado de un montón de rumores o informaciones sin contrastar", lo que provocó rumores de protesta en el PP. Añadió que España no tiene más corruptelas que otros países, sino "un problema de opinión pública", por la decisión de quienes quieren convertir el asunto en arma arrojadiza y en instrumento de propaganda.

Sonriente ante las protestas de quienes consideraban demagógicas sus palabras, González apuntó: "Tal vez, señorías, a alguno habría que expulsarles por los dos motivos". La ola de rumores se convirtió en un clamor de pateos de los diputados del Partido Popular, y también de aplausos de los socialistas.

En otro momento González reiteró su respaldo al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y aseguró: "No me parece responsable pedir ni las actas de inspección del Banco de España ni pedir su dimisión".

Ofreció tres propuestas contra la corrupción: que las empresas que participen en un acto irregular no puedan volver a contratar con las administraciones públicas; el endurecimiento de las sanciones por irregularidades en la adjudicación de contratos de las administraciones públicas, y la revisión del sistema de financiación de los partidos, unida a una disminución "severa" de los gastos electorales.

Casi a la misma hora en que era enterrada la última víctima de ETA, González se esforzó en tranquilizar a la opinión pública acerca de que el Gobierno mantiene invariable su política antiterrorista y no va a ceder ante ningún chantaje. Aseguró estar convencido de que el diálogo con HB no va a servir para erradicar la violencia porque HB sigue los dictados de ETA y no al revés, pero se mostró respetuoso con el camino iniciado por el PNV.

La prueba del nueve

El portavoz del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, aseguró en su intervención que en el asunto de la corrupción los socialistas no han adoptado una actitud pasiva, sino que han pasado "la prueba del nueve" en esta materia. Martín, Toval recordó que el Parlamento ha aprobado con los votos del PSOE iniciativas corno la creación de comisiones de investigación sobre la financiación de los partidos.