Libia y el terror

EL SABOTAJE del jumbo de la compañía Pan Am que estalló en pleno vuelo cuando sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie en diciembre de 1988 tiene dificil tratamiento jurídico y político. Estados Unidos y Escocia apuntan firmemente con el dedo a dos ciudadanos libios, Abdel Baset al Magrahi y Al Amín Jalifa Fhimah, de cuya intervención criminal dicen tener pruebas irrefutables. Aún más: acusan al Gobierno libio de tenerlos a sueldo como agentes y de ser, por consiguiente, el instigador de la acción terrorista que costó la vida de 281 personas.Por esta razón, las autoridades norteamericanas y británicas han exigido la extradición de los dos reos para que puedan ser juzgados en Escocia. La demanda pilló a contrapié al líder libio, Muaminar el Gaddafi, en un momento en el que, sintiéndose aislado y sin amigos, había moderado su tono de enfrentamiento, especialmente hacia Estados Unidos, y pretendía presentarse ante el mundo como un estadista respetuoso de la ley y amante de la paz. Ahora se resiste a entregar a Al Magrahi y a Fhimah a la justicia occidental, sin duda porque una condena de ambos en Escocia le pondría en la picota. Pero al mismo tiempo no tiene más remedio que dar los pasos necesarios para demostrar que sigue con fidelidad las pautas de la ley en relación con el tratamiento internacional que debe darse a los acusados.

Estados Unidos y el Reino Unido han puesto en marcha toda una serie de iniciativas que buscan aislar a Libia e imponerle las correspondientes sanciones. La resolución 731 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada unánimemente, exige de Trípoli el cumplimiento de la extradición so pena de imposición de severas sanciones. Sin embargo, existe una traba jurídica difícilmente soslayable: casi ninguna legislación del mundo acepta la extradición de los nacionales propios cuando son reclamados por la justicia de otro país; sólo pueden ser juzgados por sus propios tribunales.

Por otra parte, la justicia libia tiene razón cuando asegura que su homóloga escocesa no le ha enviado pruebas que establezcan suficientemente los indicios de culpa contra los dos acusados. Aunque tal prueba no es universalmente exigida, se da la curiosa circunstancia de que sí lo es por la legislación británica.

Enfrentado con tantos callejones sin salida (al final de cada uno de los cuales hay un quebradero de cabeza para Libia), Gaddafi, ha ofrecido una solución innovadora: la entrega de los dos agentes libios a la custodia del secretario general de la ONU. No se sabe bien qué hará con ellos el egipcio Butros Gali, pero la fórmula tiene la virtud de permitir a Gaddafi. salvar la cara -no ceder ante sus enemigos- y probablemente impedir que el asunto degenere en una crisis internacional desestabilizadora para el norte de África.

Correspondería así a Butros Gali tomar las decisiones necesarias para que se haga justicia -¿un juicio en Escocia en presencia de un representante de la ONU como garante?- si el Consejo de Seguridad admite el recurso a semejante fórmula.