Las dos asociaciones de fiscales critican a Torres por su actitud en el caso ENDESA

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria y conservadora, y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se han pronunci ado críticamente contra la decisión tomada por el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, de prohibir a la fiscalía de Castellón que inculpe al presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), Feliciano Fuster, en un delito ecológico por el que iba a pedirle una pena de un año de prisión. La semana pasada, Torres ordenó, en contra de la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, al fiscal de Castellón que se limitara a acusar a tres directivos de la central térmica de Andorra (Teruel) como presuntos resporisables de la contaminación por lluvia ácida de 200.000 hectáreas en las comarcas de Els Ports y El Maestrazgo.El comunicado de la AF destaca: "Muchas han sido las instrucciones que el fiscal general del Estado ha remitido a las fiscalías excitando el celo de los fiscales en la persecución del delito ecológico, por lo que no puede por menos que extrañar que en esta ocasión sea el propio fiscal general quien considere que los administradores de la sociedad -y por ello sus últimos responsables- queden relevados de toda carga, como si el deber de vigilar por el cumplimiento de la normativa compitiere exclusivamente a los técnicos".

Este colectivo concluye su comunicado insistiendo en la necesidad de potenciar con carácter vinculante las decisiones adoptadas por los órganos técnicos y colegiales del ministerio fiscal, "pues sólo así se desvanecerá cualquier sospecha sobre la ausencia de imparcialidad en la actuación del ministerio fiscal", que la Constitución reclama y la opinión pública demanda.

Democracia en la fiscalía

Por su parte, el presidente de la UPF, Ladislao Roig, dio cuenta ayer a este periódico del acuerdo del secretariado, que 1arnenta profundamente" la decisión de Torres,, "pues aunque la citada orden se ajusta estrictamente a la legalidad, el hecho de que haya sido dictada", razona, "contra el parecer unánime de la Junta de Fiscales de Castellón y contra la opinión abrumadoramente mayoritaria de la Junta de Fiscales de Sala, no se compadece ni con la necesaria potenciación democrática de los órganos colectivos del Ministerio Fiscal ni con la especial vigilancia que merece el medio ambiente, tan habitualmente.desprotegido social y jurídicamente en nuestro país".Roig comunicó también que la asamblea de Cataluña de la UPF se ha manifestado en términos más duros contra la orden de Torres. Con estos acuerdos de las dos asociaciones profesionales de fiscales -que agrupan a más de la mitad del total de unos mil representantes del Ministerio Público-, el fiscal general se enfrenta a la mayor contestación interna desde que ocupa el cargo y precisamente por una cuestión a la que Torres ha dedicado atención, como es la persecución del delito ecológico.