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La acción popular del 'caso Amedo' pide al Supremo que se repita el juicio

José Luis Galán, abogado de la acción popular en el caso Amedo, solicitó ayer ante el Tribunal Supremo la anulación de la sentencia que condenó a 108 años y ocho meses de prisión a los policías José Amedo y Michel Domínguez, para poder investigar los fondos reservados del Ministerio del Interior. El abogado de los agentes, Gonzalo Casado Herce, reclamó la presunción de inocencia de unos policías que ni son "héroes nacionales" ni "criminales desalmados", según dijo.

La vista de casación se celebró en un clima de suspicacias por la inusitada rapidez con que el Supremo ha dado paso, en apenas cuatro meses, a un recurso que lo normal es que se demore más de un año.El abogado José Luis Galán insistió en que la negativa de los testigos de la cúpula de Interior a responder en el juicio preguntas sobre los fondos reservados supone admitir que un acuerdo del Consejo de Ministros y la Ley de Secretos Oficiales prevalecen sobre la Constitución. Criticó el "temor reverencial" de la Audiencia Nacional a oír hablar de fondos reservados y pidió que el Supremo considerarse la negativa a declarar sobre fondos reservados como un quebrantamiento de forma. De admitirse, tendría que repetirse buena parte del proceso.

Galán hizo hincapié en que Amedo y Domínguez eran dirigentes de la banda terrorista GAL. Según este letrado, la sentencia eliminó la posibilidad de hablar de "terrorismo de Estado" cuando declaró que los policías "pretendían defender el sistema democrático con métodos repudiables".

El abogado Javier González Calderón centró su recurso en que el Supremo acepte la implicación de los policías en el asesinato del prófugo Juan Carlos García Goena, del que fueron absueltos por falta de pruebas. El acusador Miguel Castells insistió en la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, ya que Amedo se encontraba en activo cuando fue a Portugal en misión oficial y pagó con fondos reservados a los mercenarios portugueses que atentaron contra los bares Batzoki y La Consolation, con un saldo de seis heridos.

El abogado Gonzalo Casado Herce, defensor de Amedo y Domínguez, centró su intervención en que la sentencia de la Audiencia Nacional vulneró la presunción de inocencia de los policías. Casado no escatimó descalificaciones para los GAL, "repugnante asociación de malhechores" cuyos actos se inscribieron dentro de la "barbarie criminal" pero indicó que desde el principio se prejuzgó a sus defendidos como relacionados con los GAL. Casado insistió en que la sentencia no valoró adecuadamente las cartas exculpatorias de mercenarios portugueses ni la ausencia de la defensa en algunas comisiones rogatorias.

El abogado del Estado afirmó que "participa íntegramente de las ideas jurídicas de Casado, sobre todo en lo referente a las comisiones rogatorias" y rechazó que el Estado sea responsable subsidiario de los policías. Por el contrario, el fiscal se opuso a todos los recursos y se mostró partidario de que se mantenga la sentencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de febrero de 1992

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