Hacienda denuncia un nuevo fraude del IVA de 3.000 millones que afecta a 152 empresas

Pedro Rubio Domínguez, titular de cuatro empresas, sin actividad aparente, ha sido detenido por orden del fiscal de la Audiencia de Madrid como responsable de una nueva red de venta de facturas falsas del IVA y revalorización artificial de inmuebles. El monto de las operaciones denunciadas se eleva a más de 3.000 millones de pesetas, según los datos de -que dispone el juzgado de guardia de Madrid. En los documentos aportados consta que 152 empresas mantuvieron relaciones comerciales con cuatro sociedades de Rubio que carecían de personal y nunca habían declarado a Hacienda.

Entre las operaciones documentadas por Hacienda figuran varias adquisiciones de inmuebles que, en la misma fecha y ante el mismo notario, son vendidos a un tercero por un precio muy superior. Una de las compraventas mencionadas en la denuncia fue realizada el 1 de septiembre de 1987, cuando Pedro Rubio, en nombre de Compebasa, adquirió a Leyr S.A. un local comercial en la calle Guzmán el Bueno, de Madrid, por 30 millones. La operación fue formalizada ante el notario Félix Pastor Ridruejo. En la misma fecha y en idéntica notaría, Pedro Rubio vendió el mismo inmueble a Seguros La Estrella por 75 millones., produciéndose, por lo tanto, una plusvalía del 150 % en un mismo día.

Félix Pastor -notario y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular- dijo a este periódico que no recordaba el caso, pero si fuera así, "sería una operación completamente regular por parte del notario. Hay una gran confusión que ha introducido en la sociedad española el ministro de Obras Públicas, José Borrell, al imputar a los notarios cosas que éstos no pueden hacer. Los precios no los fija el notario, sino el mercado. Y si las escrituras se elevan a públicas después de efectuadas las operaciones en privado, lo natural es que afloren las plusvalías".

Seguros La Estrella, por su parte, explicó que podría tratarse de "un viejo tema, como es la compra, en 1987, de un hotel por el que se desembolsaron 1.100 millones de pesetas, de los que 300 se pagaron separadamente en concepto de obras e instalación de muebles. Hacienda mostró su desacuerdo por ese pago y la entidad realizó, el mismo año, una declaración complementaria por 225 millones". La discusión se centra en los 75 restantes.

Una operación similar se produjo, con otros protagonistas, respecto a una compraventa protocolizada ante el notario José Luis Álvarez, quien no pudo ser localizado ayer por este periódico.

Una tercera operación de este tipo fue la celebrada el 29 de noviembre de 1989 ante el notario José María Piñar. Inmobiliaria Módulo vendió a Compebasa una finca por 26,2 millones en Torrejón de Ardoz (Madrid), que en misma fecha fue vendida por 59,6 millones, con una plusvalía del 129 %. El mismo día, y ante el mismo notario, la citada Compebasa compró una segunda finca por 84 millones, que vendió a Manufacturas Tompla por 190,2 millones, con una plusvalía del 126 %. Un portavoz de esta empresa indicó ayer que ningún responsable de la misma podía hacer comentarios. El notario no pudo ser localizado.

Heron y Bazán

La documentación aportada al juzgado de guardia menciona a Heron Internacional y Heron Promociones, ambas del grupo Heron, a las que se imputan operaciones por 116,8 millones con la empresa Coersa, otra de las manejadas por Rubio.

Heron forma parte de un importante grupo inversor británico y su presidente, Gerald Ronson, está considerado como una de las principales fortunas privadas del Reino Unido. El grupo Heron se asentó en España a partir de la adjudicación por el Gobierno, en 1986, de la división inmobiliaria de Rumasa y de las torres de Colón, dos de los mejores edificios de oficinas de Madrid, y ha mantenido relaciones financieras con Banesto. Un portavoz de Heron reconoció anoche la existencia de operaciones de "asesoramiento y gestión de compraventa de parcelas" con la empresa Coersa, pero todas ellas "están soportadas por las correspondientes facturas". Heron "nunca ha comprado facturas falsas", añadió.

Otra de las entidades implicadas es la empresa pública Bazán, a la que se imputan -en esta denuncia- relaciones comerciales con empresas ficticias por valor de 63 millones. Bazán es una de las 27 empresas incluidas en esta denuncia que figuran también en las diligencias abiertas por el juzgado de delitos monetarios de la Audiencia Nacional.

Un portavoz oficial de Bazán manifestó que todas sus operaciones "son totalmente lícitas" y que hasta que un juez dicte sentencia no tiene nada más que decir. Precisamente ayer, el Partido Popular pidió la comparecencia en el Congreso de los delegados del Gobierno en las empresas públicas citadas en el fraude del IVA.

Citibank España, que figura en esta denuncia por una operación de 20 millones, aludió a una reciente inspección del Banco de España, que no había encontrado nada anormal. Citibank anunció que investigará para determinar si ha habido alguna incorrección.

La inmobiliaria Invercame, que figura por una operación de 168 millones en 1986, indicó que la inspección de Hacienda correspondiente a ese ejercicio sólo reflejó pequeñas anomalías contables, por lo que no se explica la imputación. Otras empresas no son mencionadas aquí por imposibilidad de conectar con ellas.