La banca tendrá diez años para adaptar su cartera industrial a la ley de Recursos Propios

El Ministerio de Economía y el Banco de España darán un plazo de diez años, a partir de 1993, para que bancos y cajas se adapten a la normativa contenida en el proyecto de ley de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras. Este texto, enviado por el Gobierno al Congreso, mantiene el modelo de banca mixta o universal pero establece penalizaciones en los recursos propios de los bancos que posean participaciones no financieras superiores al 10%. En la práctica, esto supone recortar la acumulación de participaciones en empresas industriales.

Según el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, el proyecto pretende establecer una barrera infanqueable entre entidades financieras e industríales porque no hay que olvidar que la crisis bancaria llegó desde las empresas industriales". Economía está dando los últimos retoques al reglamento que desarrollará esta ley. "Esperamos darlo a conocer al sector el próximo mes para que puedan evaluar con tiempo la situación", afirma Pérez.El camino hacia una banca con menos peso industrial será largo. El proyecto de ley del Gobierno autoriza a un plazo de adaptación de diez años a partir de 1993 para que empiecen a aplicarse deducciones en los fondos propios. Sin embargo, el texto del proyecto ya advierte que "el Banco de España podrá prohibir la elevación o ampliación de las participaciones superiores al 10% durante la fase de adaptación".

Las autoridades económicas españolas se inclinan así por dar un giro al modelo de banca desarrollado a partir de 1962 sobre el que se crearon los bancos industriales como motor del desarrollo económico del país. Bancos y cajas deberán replantearse su situación evaluando los costes de mantener la dimensión de sus grupos industriales.

Tener participaciones industriales no estará prohibido, pero resultará más caro para las entidades que las posean. Bancos y cajas deberán restar de sus recursos propios (capital y reservas) todas sus participaciones no financieras si su conjunto exceda el 60% de sus recursos consolidados, en la proporción que se determine reglamentariamente. Se entenderá por participaciones cualificadas las superiores al 10%.

Cambio de estrategia

También deberán aportarse recursos propios suplementarios si una participación no financiera sobrepasa el 15% de los recursos propios totales del grupo. En medios del sector se baraja que la penalización puede llegar a ser de uno a uno, es decir, por cada peseta que supere los límites autorizados se restará igual cantidad en los recursos propios.El peso industrial de la banca puede variar en el futuro y está produciendo ya algunos cambios de estrategia. Dos bancos: Banesto e Ibercorp están en pleno proceso de desinversiones. Banesto, presidido por Mario Conde, ha vendido en los últimos meses numerosas participaciones industriales y proyecta desprenderse de un 20% a un 25% de las acciones de su Corporación Industrial. Ibercorp, controlado por Manuel de la Concha, se centrará en "la actividad financiera" dejando sus particiones en Sistemas Financieros y aseguradoras, afirma un portavoz del banco. El grupo Mercapital, presidido por José María de Loizaga, negocia su salida del banco Bancapital para no tener que consolidar resultados, afirman fuentes del grupo.

Todos los grandes grupos bancarios consultados afirman que no han calculado si rebasan el porcentaje del 60% fijado por la ley como relación entre recursos propios y participaciones no financieras. En el caso del BBV, la nueva situación no altera nuestra filosofía de seguir presentes en sectores estratégicos", aunque fuentes directivas del grupo admiten que la nueva situación obligará a replantearse las participaciones "porque en estas condiciones no será rentable rebasar el 60% que fija la ley". El Central Hispanoamericano también quiere mantener su tradición industrial, afirman fuentes del banco, mientras directivos de La Caixa -con un importante grupo de filiales industrialesdicen que la ley no afecta a la entidad porque "estamos lejos de llegar a los límites previstos y falta por ver cómo se desarrolla reglamentariamente".

Controles y prohibiciones

El Banco de España, gobernado por Mariano Rubio, tendrá encomendada la inspección de las entidades no financieras con las que exista una relación de control. Se entenderá que hay control cuando el banco dominante tenga la mayoría de los derechos de voto de la entidad controlada, "tenga derecho a nombrar o a destituir a la mayoría de los órganos de gobierno de la entidad dominada o a través de acuerdos de última hora con otros socios o que al menos la mitad más uno de los consejeros de la entidad dominada sean consejeros o altos directivos de la entidad dominante o de otra entidad filial".El proyecto, cuya fase de enmiendas ha sido ampliada hasta el próximo 3 de febrero, extiende la obligación de incluir en las cuentas consolidadas a las sociedades de valores filiales, las sociedades de inversión mobiliaria y las gestoras de cartera.

La ley establece también coberturas obligatorias en los recursos propios para prevenir la concentración de créditos, aunque estas coberturas serán fijadas por un decreto posterior. La obligación de mantener unos fondos propios acordes con el nivel de negocio crediticio ya existe en la actualidad en una proporción que va del 0,25% para activos del sector público hasta el 3% para créditos con garantía hipotecarla y el 6% para el resto del crédito, según el decreto regulador del 1 de agosto de 1985.

Las entidades que no cumplan con el nivel de fondos propios global que se fije reglamentariamente (se baraja el mantenimiento del 8% actual) deberán destinar a reservas "los porcentajes de beneficios que se establezcan".