La Generalitat y el Gobierno vasco estudian recurrir la Ley de Puertos

La Generalitat de Cataluña y el Gobierno vasco estudian presentar un recurso a instancias de la Comunidad Europea contra la Ley de Puertos y Marina Mercante, que fue aprobada el viernes 21 de diciembre por el Consejo de Ministros. Ambas comunidades estiman que la ley contradice las recomendaciones comunitarias en el sentido de dar autonomía de gestión y fomentar la libre competencia. La ley prevé la creación de un holding con los 27 puertos españoles de interés general, incluidos los cuatro que hasta ahora eran autónomos -Barcelona, Bilbao, Valencia y Huelva- y que perderán ese carácter.

El buen funcionamiento de los puertos es un elemento vital para la economía, ya que a través de ellos se canalizan el 85% de las importaciones de España y el 70% de las exportaciones. La facturación conjunta de los 27 mayores puertos españoles alcanza unos 75.000 millones de pesetas.La ley establece la creación de un holding llamado Puertos del Estado, que agrupará los actuales 4 puertos autónomos y los 23 adscritos a la Dirección General de Puertos. Según el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), José Borrell, la nueva organización tiene como finalidad el aumento de la autonomía de gestión de cada puerto, su coordinación a través del holding y su autofinanciación, de acuerdo con las directrices emanadas de la CE.

En el momento de presentación de la ley, Borrell afirmó: "El proyecto contempla el principio de autonomía de la gestión portuaria, la competencia entre puertos y la autofinanciación". El ministro añadió categóricamente: "No tienen ningún tipo de fundamento las críticas de recortes de autonomía. Al revés, la aumentan porque pueden fijar precios libremente".

La interpretación de la patronal CEOE, la Generalitat, el Gobierno vasco y la Xunta de Galicia es totalmente distinta. Félix Basozábal, viceconsejero del Gobierno vasco, afirma que la ley implica una centralización total del sistema portuario y la pérdida de autonomía de los 4 puertos que hasta ahora la tenían. "Quedarán en manos de la presidencia del holding los planes de inversión, las concesiones administrativas y la política de personal", explicó Basozábal. Además, la ley establece un Fondo de Compensación Interportuario, por el que los beneficios de los puertos más rentables podrán utilizarse para inversiones en los demás.

Según Basozábal, la filosofía de la ley "es totalmente opuesta a la establecida por una resolución de política portuaria del Parlamento Europeo", que pone como líneas de actuación la autonomía de los entes portuarios, la libre competencia y la autofinanciación. En el mismo sentido, fuentes de la Generalitat tacharon la ley española de "restrictiva, intervencionista y contraria a la libre competencia".