Arte dudoso y millonario

La historia de la reforma del Teatro Real de Madrid, con sus retrasos y aumentos presupuestarios, no es, ni mucho menos, un caso aislado. Las administraciones autonómicas han gastado tasmbién en rehabilitaciones de edificios oficiales sumas de muchos ceros. Este es el caso de la actual sede del Gobierno aragonés, el hogar Pignatelli, cuyo valor artístico parece discutible. Es un edificio de finales del siglo XVIII que fue casa de misericordia, orfelinato e instituto de enseñanza, y que ha pasado a convertirse, después de una inversión de 5.200 millones de pesetas, en la nueva sede del Gobierno aragonés y de la Administración autónoma. La rehabilitación se inició siendo presidente del Ejecutivo autónomo el socialista Santiago Marraco. Pero el Gobierno socialista no pudo inaugurarlo, porque las urnas dieron la alternativa al regionalista Hipólito Gómez de las Roces.El principal problema, todavía hoy sin resolver, es que la zona donde está enclavado el edificio Pignatelli no cuenta con un proyecto previo de urbanismo. Es más, por no tener, el edificio de la sede no tiene licencia de obra. Las reformas se iniciaron por fases. Y hay problemas en la red viaria y tuberías.Se trata de un edificio laberíntico donde el ciudadano que acude a resolver algún asunto se pierde. Son tres plantas que se unen a través de dos módulos de nuevo cuño, lo que genera problemas. Además, se ha quedado ya pequeño, pues se concibió para albergar unos 2.000 funcionarios y no caben ni un millar.

Problemas de espacio

Por problemas de espacio no habrá quejas en el caso del palacio de Amezua, comprado por la Xunta. Son poco menos de 1.500 metros cuadrados la superficie del pequeño edificio de principios de siglo, pero la actividad a la que va a ser destinado no exije demasiado. De momento, la irónicamente denominada "embajada de la Xunta en Madrid" sólo alberga a un conserje y a varios empleados de Prosegur.En esta operación, la Xunta no se ha enfangado en proyectos de reforma. Ha comprado a tiro fijo. Caro que eso no ha evitado los excesos presupuestarios. Se han pagado 1.600 millones por un palacete que le costó 225 millones de pesetas a la inmobiliaria Ubicurt, representada por el empresario gallego residente en Madrid Emilio Rey. Posteriormente Ubicurt realizó obras de remodelación en las que la propia empresa asegura haber invertido 205 millones. Pero la Xunta, que lo compró en octubre pasado, pagó 1.600 millones.

¿Razones? Misterios de la política, aunque la oposición está decidida a que se les desvelen y han solicitado la comparecencia de Manuel Fraga en el Parlamento para que explique la compra. Algo parecido a lo ocurrido en el Congreso con el caso Real. El PP reclama la comparecencia de Solé Tura para que explique el aumento de presupuestos en esta obra. Y, como es preceptivo en estos casos, ambos lo explicarán, aunque al final quizá los ciudadanos no lo entiendan.