Sólo el principio

LAS COMUNIDADES autónomas de régimen común -todas excepto el País Vasco y Navarra- alcanzaron en la madrugada del viernes un principio de acuerdo con el Gobierno sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, que deberá ser ratificado en el plenario del Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo día 20.Aunque los términos del pacto todavía no se conocen, con detalle, el hecho de que catalanes y extremeños hayan mostrado su inicial satisfacción por el desenlace es un primer éxito, por más que la decepción adelantada por el representante de Canarias siga impidiendo un consenso total. Cataluña y Extremadura llegaron a erigirse en símbolos de las comunidades ricas y pobres, respectivamente, y de ahí el interés del Ministerio de Hacienda en evitar una polarización.

En el caso de Cataluña, por el propio peso específico del Principado, con el delicado añadido de la inminente convocatoria de elecciones autonómicas. En el de Extremadura, porque un resultado percibido como discriminatorio para esa comunidad hubiera reforzado el discurso populista de oposición al equipo económico del Gobierno de su presidente regional, Rodríguez Ibarra. Al margen de este éxito inicial, lo que se acordó en la noche del viernes no es más que la primera parte de la reforma, la referida al reparto de los fondos de la llamada financiación no condicionada, que afecta a cerca de dos billones de pesetas.

Quedan ahora los aspectos más polémicos en términos políticos y más espinosos en materia económica: la discusión de la corresponsabilidad fiscal, la reforma de la financiación de la sanidad y la puesta en marcha de los fondos de nivelación de servicios. Sin olvidar la incidencia que sobre todas estas cuestiones ha de tener la discusión del llamado pacto autonómico, a través del cual las comunidades pueden ver ampliadas sus competencias al tiempo que deberán ceder la gestión de una parte de sus atribuciones a las corporaciones locales. Éstas siguen siendo las grandes perdedoras de la descentralización implantada en España a través del Estado de las autonomías.

El Gobierno se ha comprometido a introducir la corresponsabilidad fiscal en el sistema de financiación. En este primer semestre se ha de discutir el como, pero el cuándo ya se sabe: el 1 de enero de 1993. Comunidades como Cataluña, Valencia o Madrid van a exigir la creación de algún tipo de tramo autonómico en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), de forma que alrededor del 15% de la recaudación de cada comunidad se ingrese automáticamente en las arcas del Gobierno autónomo. Los creadores de esta fórmula -que sigue siendo vista con grandes reticencias por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, aunque defendida por el vicepresidente, Narcís Serra- sostienen que así se incentivará a las comunidades a aumentar las recaudaciones por renta de su territorio, al tiempo que se aliviarán en parte los problemas de tesorería que sufren por los constantes retrasos con que llegan las transferencias de fondos procedentes de Madrid.

Pero este último aspecto sólo quedará completamente solucionado, con la reforma del sistema sanitario, causante de las mayores desviaciones presupuestarias y de las más angustiosas tensiones de tesorería de las comunidades.

Queda también para este año la implantación de los llamados fondos d e nivelación de servicios esenciales, una figura de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que todavía no se ha desarrollado y que pretende ayudar de forma transitoria a las comunidades más pobres con transferencias extraordinarias de recursos que permitan mejorar aquellos servicios públicos que no tienen un nivel de prestaciones próximo a la media del conjunto del Estado.