Un compromiso sobre la participación en el IRPF clave de un acuerdo sobre financiación autonómica

Un compromiso formal que permitiera introducir a partir de 1993 alguna figura similar al tramo autonómico en el IRPF permitiría a Cataluña llegar a un acuerdo que desbloquearía las negociaciones del nuevo modelo financiación. Así opinan los socialistas catalanes, quienes, al igual que Hacienda, consideran que se puede alcanzar "un acuerdo histórico". Andalucía también exige un compromiso similar sobre el sistema de nivelación de servicios esenciales.

Corresponsabilidad fiscal, nivelación de servicios esenciales, financiación de la sanidad y coordinación presupuestaria son las carpetas que permanecerán abiertas hasta el 30 de junio de 1992. Sin embargo, para desbloquear las negociaciones sobre el reparto de los fondos destinados a la financiación de carácter general, andaluces y catalanes quieren que Hacienda rubrique ahora un compromiso político formal de que las negociaciones sobre los dos primeros aspectos tendrán un alto contenido.Los socialistas catalanes opinan que "una corrección que permita a Cataluña acortar distancias en su déficit respecto a la media en el reparto de pesetas por habitante para los mismos servicios permitiría llegar a un acuerdo en las negociaciones del 10 de enero si Hacienda presenta una propuesta clara sobre corresponsabilidad fiscal", en palabras del catedrático de Hacienda Pública y miembro de la ejecutiva del Partit dels Socialistes (PSC) Antoni Castells.

Mantener la diferencia

El consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Maciá Alavedra, ha preferido no hacer declaraciones sobre esta cuestión para no interferir en el proceso negociador. No obstante, los nacionalistas catalanes comparten en gran medida las tesis socialistas. "Que no empeore el actual diferencial respecto a la media de pesetas por habitante y que quede ligada la participación en el IRPF a partir de 1993 podría ayudar a aproximar las posiciones", señalan fuentes del Departamento de Economía."El meollo no está tanto en el dinero como en el logro del tramo autonómico o alguna fórmula similar a partir del desarrollo del artículo 13 de la LOFCA [Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas]", destaca el socialista Castells.

Este artículo señala: "Las Comunidades Autónomas dispondrán de un porcentaje departicipación en la recaudación de los impuestos estatales no cedidos, que se negociarán con las siguientes bases". Entre estas cita el coeficiente de población, el coeficiente de esfuerzo fiscal en el IRPF, la cantidad equivalente a la aportación proporcional que corresponda a la comunidad autónoma por los servicios y cargas generales que el Estado continúe asumiendo como propios, la relación inversa de la renta real por habitante de la comunidad respecto a la del resto de España, y otros criterios "que se estimen procedentes" en relación con índices de déficit en servicios sociales, infraestructuras y costo por habitante de los servicios transferidos.

Todos los indicios apuntan que el Gobierno está dispuesto a negociar durante el primer semestre de 1992 la introducción de un tramo autonómico del 15%, a pesar de que el secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, tiene buen cuidado de no referirse nunca a la palabra "tramo", ligando la corresponsabilidad fiscal al esfuerzo fiscal. Este tramo permitiría dividir la cuota líquida de cada comunidad en una parte para el Estado (85%) y el resto para el Gobierno autónomo. Este sistema requeriría la puesta en marcha de un sistema de subvenciones positivas y negativas para asegurar que no hubiera grandes desviaciones entre comunidades.

Flexibilidad y automatismo

La entrada en vigor de un tramo autonómico -prevista ya en el Libro blanco sobre la reforma del IRPF elaborado por el Gobierno en junio de 1990- permitiría que las comunidades se beneficiaran directamente de sus mejoras en materia de recaudación fiscal, sin las limitaciones que significa la fórmula de esfuerzo fiscal establecida en el reparto de los fondos de la financiación de carácter general (véase EL PAÍS de 23 de diciembre pasado), y dotar a las comunidades de un mecanismo que agilizaría su liquidez y minoraría las tensiones de tesorería que provocan actualmente los retrasos de las transferencias."Estamos ante un acuerdo histórico", coinciden en señalar Castells y el secretario de Estado de Hacienda. A juicio de éste, las modificaciones de la financiación y los acuerdos que se logren en materia de coordinación presupuestaria -principalmente sobre endeudamiento y déficit público- significan que el nuevo sistema "aumenta la flexibilidad y automatismo para las comunidades autónomas y la transparencia con vistas al mercado crediticio, al que han de enfrentars". Zabalza considera que España "tiene la oportunidad histórica de dar a Europa un ejemplo de coordinación de 17 administraciones durante cinco años".

También para 1992 quedan las discusiones sobre la financiación de la sanidad. Antes del 30 de junio tiene que haberse llegado a una propuesta, pero no hay calendario para su puesta en marcha. La sanidad es uno de los capítulos presupuestarios de mayor crecimiento. Los fondos estatales destinados a este concepto han crecido de algo menos de 700.000 millones de pesetas en 1982 a 2,1 billones en 1991.

El ministerio considera que una de las prioridades es lograr un mayor control del gasto, regulando el sistema definitivo de financiación de la sanidad de las comunidades. El actual sistema se rige por subvenciones específicas, que son las que forman la mayor parte de la denominada financiación condicionada.