Presupuestos terminales

EL PROYECTO de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992 ha concluido su singladura parlamentaria -finalmente, fue aprobado el pasado vieres, en el límite de plazo- con escasas modificaciones sustanciales. El incremento de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios públicos hasta un 5,7% constituye un mero ajuste a la desviación de la inflación respecto del 5% inicialmente previsto. Tampoco han sido alteradas las hipótesis de evolución de las principales magnitudes macroeconómicas en las que fundamentó la elaboración de ese proyecto en otoño. Desde entonces han arreciado las dificultades para que la economía española inicie una rápida y significativa recuperación, en un contexto internacional que será igualmente más adverso que el asimilado en los presupuestos.La mejora de la capacidad competitiva de nuestra economía -objetivo fundamental de la política económica ante el mercado interior y la unión económica y monetaria- exige como precondiciones, tal como reconoce en el proyecto de presupuestos, la reducción de la tasa de inflación, la adecuada provisión de infraestructuras y servicios públicos y la introducción de reformas estructurales en los mercados de bienes y factores, con el fin de asegurar a los agentes económicos españoles la capacidad de competir en similares condiciones a las de sus homólogos europeos.

No puede decirse, sin embargo, que las líneas. maestras de los Presupuestos Generales del Estado para 1992 hayan sido diseñadas precisamente para dar satisfacción a esas tres condiciones. Ejercicios voluntaristas aparte, la reducción de la tasa de inflación se presenta como un empeño harto difícil en el próximo año. Además del incremento de los precios de los carburantes y del tipo medio del impuesto sobre el valor añadido (IVA), que se traducirá en aumentos no inferiores a un punto porcentual en el índice de precios al consumo (IPC) a lo largo de los primeros meses del año -la reducción en el tipo del IVA para los coches y otros productos considerados de lujo apenas tendrá impacto sobre el nivel general de precios-, es previsible que sigan estando presentes las limitaciones estructurales que han puesto de manifiesto el dualismo en el comportamiento de los precios españoles.

Paralelamente al ajuste experimentado por los sectores manufactureros de la economía, sensibles a la competencia exterior y a las restricciones monetarias y cambiarias internas, el sector servicios seguirá exhibiendo su capacidad para la traslación de sus costes e ineficiencias a precios finales. Ello limitará seriamente la posibilidad de reducción del actual diferencial de inflación respecto de los países centrales del Sistema Monetario Europeo (SME). Los efectos defiacionistas que cabría esperar de la desaceleración económica iniciada a final del primer trimestre de este año no han repercutido precisamente en la estabilidad del nivel general de precios, aunque ya se han dejado notar negativamente en el nivel de empleo. Tampoco, contribuirá a domesticar los precios el aumento de dinero disponible originado por la reducción de las retenciones sobre las rentas del trabajo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El año se despide sin más apoyo a esos objetivos antiinflacionistas que los vinculados a una política monetaria tan aislada en sus intenciones como escasamente efectiva en sus resultados.

La otra precondición enunciada en el preámbulo del proyecto de presupuestos -la reducción del déficit de equipamientos e infraestructuras- se ha visto sacrificada en aras del crecimiento significativo que experimentan los gastos corrientes. Si bien es cierto que los compromisos asumidos por el Gobierno en materia de prestaciones sociales obligaban a su reflejo presupuestario, no lo es menos que el mantenimiento de un ritmo adecuado de la inversión pública era tan to más razonable cuanto más ortodoxa fuese su financiación. En mayor medida era razonable el man tenimiento de la inversión pública cuanto que la con dición de convergencia referida a esta cuestión, entre las recientemente aprobadas en Maastricht, es la que nuestra economía más tiene al alcance de la mano.

No faltan razones, en definitiva, para considerar que, en la definición de esos presupuestos, los criterios estrictamente económicos han quedado subordinados a otro tipo de consideraciones que, sean cuales fueren, no ayudan a garantizar las pretensiones de coherencia que han orientado la política económica en estos últimos años. Se trataría, en definitiva, de unos presupuestos dejados de la mano del rigor y tan agotados como el ciclo político en el que se amparan. En suma, unos presupuestos terminales.