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El Defensor del Pueblo dice que los enfermos mentales "no son tratados, sino almacenados"

"Un cuarto de aislamiento de dimensiones reducidas. Una cama. Una ventana sin cristales y con rejas. En una esquina de la habitación hay un recipiente metálico que el usuario utiliza como inodoro. El enfermo permanecía desde hace un año en dicho cuarto, de donde únicamente salía para comer, bañarse, afeitarse y cuando acudían sus familiares". Este ejemplo real del hospital psiquiátrico de El Puerto de Santa María (Cádiz) es uno de los exponentes de la España negra que todavía existe en 1991 y que acaba de ser denunciado como "caso sobrecogedor" por el Defensor del Pueblo, Álvaro Gil Robles, en su informe sobre La situación jurídica y asistencial del enfermo mental en España. Gil Robles ha señalado que muchos enfermos mentales están "almacenados", cuando deberían ser "tratados y rehabilitados".

Después de haber analizado durante los 17 últimos meses 20 de los 51 centros psiquiátricos del sector público, tanto estatal como autonómico, el Defensor del Pueblo ha llegado a la conclusión de que la falta de centros alternativos al cierre progresivo de los antiguos centros psiquiátricos está provocando que muchos enfermos tengan que permanecer con sus familias o en la calle. Por otra parte, a muchos de ellos que no deberían estar en un centro especial se les aplica el concepto de "almacenamiento" y no el de tratamiento curativo.En el informe se revela que en España existen entre 23.000 y 24.000 personas consideradas como enfermas mentales internadas en centros públicos y privados concertados. La inspección y recogida de datos del Defensor del Pueblo se hizo únicamente sobre los centros públicos, en los que tiene competencias, pero se ha pedido a la Administración que inspeccione los centros psiquiátricos privados con el fin de conocer su situación.

Nuevo modelo

Para Gil Robles, que hizo público ayer el informe de 706 páginas sobre la situación de los enfermos mentales en España, el cambio de modelo de asistencia psiquiátrica que propugnó la Ley General de Sanidad, de 1986, no se está realizando corno es debido, "de tal forma que desaparecen los centros psiquiátricos específicos, pero no se crean alternativas reales". Desde 1978 a 1991 se han cerrado 17 centros psiquiátricos, con una reducción de 18.860 camas.

El Defensor del Pueblo pidió, en este sentido, que no se cierren más centros mientras no exista una red alternativa de asistencia integrada en la sanidad general. Hasta ahora, las redes alternativas que se han creado no son satisfactorias en la mayor parte de las comunidades autónomas a excepción de Andalucía, Navarra, País Vasco y Valencia.

Según se recoge en el informe, en el que se detalla la situación hospital por hospital, la mayor parte de la población recluida en los centros psiquiátricos es de avanzada edad. En más del 50% de estos centros supera los 65. Además sufren largos periodos de internamiento sin que se produzca rehabilitación alguna, "con lo que se quiebra el principio de rehabilitación y reinserción que inspiró la reforma psiquiátrica". Para el Defensor del Pueblo, muchas de las personas internadas en estos centros no deberían estar ahí, ya que no son enfermos, sino deficientes mentales". "Hemos detectado que aproximadamente un 25% de los internos", añadió Gil Robles, "no debería estar donde está. Por otra parte, existen personas que no están identificadas, por lo que no pueden gozar de beneficios sociales como la pensión de jubilación".

El estudio revela que las unidades psiquiátricas de los hospitales se encuentran en buenas condiciones, aunque su personal está sometido a una gran presión. Se denuncia, no obstante, una deficiencia asistencial, ya que muchos de los centros especializados no tienen ni siquiera psiquiatra, y en otros centros sólo hay uno, que además suele ser el director.

Mayor control judicial

J. F. B. El Defensor del Pueblo ha denunciado que en el hospital psiquiátrico de Bétera (Valencia) hay personas cuyo internamiento ha sido judicialmente denegado, pero que permanecen desde hace varios años en el hospital ante la ausencia de una solución alternativa.

Peor fue todavía otro casó denunciado por, Álvaro Gil Robles, aunque no dió el nombre: una persona fue internada de forma involuntaria en 1928 y murió en el mismo centro 60 años más tarde sin que nadie hubiera revisado su caso.

Éstas y otras situaciones que rodean a los enfermos mentales españoles afectan a los derechos fundamentales de las personas. El Defensor del Pueblo considera que el internamiento psiquiátrico debe ser excepcional y con control judicial, tal y como recomiendan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa.

Antes de que comenzara la reforma psiquiátrica española, el internamiento y su desarrollo podían realizarse sin control del juez, pero ahora es necesario que el juez tenga conocimiento de ello y también de los tratamientos agresivos que se apliquen al paciente, tales como el electrochoque, ataduras, camisas de fuerza, habitaciones de aislamiento y otros.

"En el tema del control del juez existen muchísimas lagunas legales", señala Gil Robles. "Por ejemplo, en el ámbito civil falta control judicial sobre el internamiento de los menores de edad (un padre puede ingresar a su hijo en un establecimiento psiquiátrico sin control alguno del juez), el tratatamiento agresivo y el seguimiento de los casos. Por eso hemos pedido que se revisen todos los internamientos involuntarios hasta 1983".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de diciembre de 1991

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