Un contrabando de armas chilenas a Croacia enfrenta al Gobierno con el general Pinochet

La polémica que desató el descubrimiento en Hungría de un contrabando de armas de Chile a Croacia puso en tensión las relaciones entre el Gobierno y el jefe del Ejército, el general Augusto Pinochet. Ambos poderes dieron por superada la controversia y Pinochet y sus generales no fueron sancionados, pese a haber violado la Constitución. La transición a la democracia, que no ha logrado justicia en las violaciones de los derechos humanos, sorteó otra crisis al precio de la impunidad.

Las autoridades húngaras encontraron el 30 de noviembre en un avión en Budapest 11 toneladas de armamento ligero -fusiles, granadas, munición y cohetes antitanque- rotulados como "ayuda humanitaria" y cuyo destino era Croacia. La carga constituía una violación al embargo de armas a Yugoslavia por el Consejo de Seguridad de la ONU.La operación, hecha por FAMAE, una fábrica de armas del Ejército, tenía autorización del Ministerio de Defensa, aunque ésta fue obtenida para una exportación a Sri Lanka. Según el valor declarado de la carga, 203.000 dólares, cada kilo de armamento costó casi 18 dólares, un precio ridículo.

"Hubo un fraude contra el Estado", afirmó el ministro portavoz del Gobierno, Enrique Correa. "La justicia y el Ejército investigan para determinar los culpables. No vamos a tener tolerancia con el fraude", advirtió Correa.

El contrabando pasó abruptamente al primer lugar en la agenda política cuando el Ejército reaccionó amenazante ante las críticas de un diputado gubernamental, Jorge Schaulsohn.

El diputado dijo que no le ofrecía garantías una investigación en el Ejército hecha por Pinochet y que una empresa en la cual participó un hijo del jefe del Ejército podía estar involucrada.

El cuerpo de generales del Ejército reaccionó con una declaración pública en defensa de Pinochet. Consideró un agravio a la institución las afirmaciones del diputado y consideró inconveniente su participación en una eventual comisión parlamentaria destinada a investigar materias relacionadas con el Ejército.

Políticos de todo el arco iris, incluso del partido más cercano a Pinochet, se solidarizaron con Schaulsohn y estimaron que el generalato se salió de la Constitución al pronunciarse sobre cómo ejerce la Cámara su función fiscalizadora e intervenir en política. Un senador pidió la renuncia de dos generales supuestamente implicados en el tráfico de armas, y un dirigente, el paso a retiro de todos los generales.

Airada advertencia

Airado, Pinochet se expresó en términos que sonaron como un disparo de advertencia: "La sobrepasamos [la Constitución] y se acabó ( ... ) cada vez que nos ataquen vamos a contestar".

Tal como a fines de 1990, cuando Pinochet acuarteló las tropas molesto por una investigación del Parlamento que implicó a uno de sus hijos, la transición absorbió el impacto con un eufemismo. Si en 1990 el movimiento de tropas fue llamado un "ejército de enlace", porque si se admitía lo que realmente fue, Pinochet debía estar sancionado, ahora el jefe del Ejército responsabilizó a la prensa.

Crisis al precio de la impunidad.

Después de que un sector de la derecha hiciera de puente para calmar a Pinochet, el ex jefe del Estado dijo respetar la Constitución, y atribuyó los términos que usó a la presión de la prensa.

El ministro Correa atribuyó la afirmación de Pinochet a "una improvisación no bien pensada". Entre tanto, después de la controversia, en el Parlamento no hay ánimo para formar una comisión investigadora del contrabando.

Dijo Pinochet ser un católico de los que no ponen la otra mejilla si son golpeados: "A mí me pegan y yo pego dos altiro. Así me enseñaron a mí".

El Gobierno de Patricio Aylwin se dio por satisfecho con la explicación. El ministro Correa atribuyó la afirmación de Pinochet a "una improvisación no bien pensada". Entre tanto, después de la controversia, en el Parlamento no hay ánimo para formar una comisión investigadora del contrabando.