¿En qué se lo gastan?

SI CADA vez que a algún diputado o senador se le ocurre alguna iniciativa para mejorar su rendimiento parlamentario o favorecer su relación con los electores ha de ser pagada con cargo a los presupuestos, ¿a qué dedican los partidos los cuantiosos fondos que reciben para financiar su actividad y la de sus grupos parlamentarios? El Grupo Socialista ha planteado la posibilidad de dotar a cada parlamentario de un asistente. Mezcla de escudero y ayuda de cámara, el asistente es un personaje habitual en los relatos de las guerras napoleónicas. Su misión consistía, fundamentalmente, en dar alfalfa al caballo y compañía al caballero. La palabra quedó confinada al ámbito castrense hasta que alguien la eligió para definir la tarea encomendada al hermano de Alfonso Guerra en Sevilla. Sin embargo, a la hora de describir en qué consistía esa tarea, nadie pudo ir mucho más allá de la recogida del correo. Ahora se pretende que los presupuestos del Estado financien la contratación de tantos asistentes como escaños tienen las cámaras. El CDS ha invocado la experiencia de otros países para apoyar la iniciativa, mientras que el portavoz de Izquierda Unida ha sugerido que sería preferible destinar ese dinero a la instalación de oficinas de los parlamentarios en sus circunscripciones.

En España, la financiación pública de los partidos se efectúa a través de las subvenciones electorales, los fondos de los grupos parlamentarios y, desde 1987, los que la ley destina a subvencionar directamente su funcionamiento regular. Sólo por esta última vía, los partidos recibirán a lo largo de 1991 más de 8.000 millones de pesetas. Tratándose de fondos no finalistas, los partidos pueden dedicarlos a los fines que consideren más oportunos. Por ejemplo, a pagar los sueldos de asistentes para sus parlamentarios o a alquilar locales en los que los diputados y senadores puedan hablar con sus representados.

Con motivo de los reiterados escándalos relacionados con la financiación irregular de los partidos ha habido voces que, con pretensión de realismo, han opinado que el problema de fondo era la insuficiencia de las subvenciones públicas, por lo que proponían incrementar su cuantía. Pero si el incremento en un 100% producido en 1987 no sólo no solventó, sino que agravó el problema, es porque algunos partidos se han instalado en una dinámica de crecimiento ilimitado de los gastos francamente inmoral. Pues de tal puede calificarse la pretensión de que sean los propios partidos los que fijen unilateralmente sus necesidades, dando por supuesto que es obligación del contribuyente sufragarlas. Naturalmente que a todas las agrupaciones locales de cualquier partido les encantaría disponer de una sede propia; pero eso también les ocurre a muchas otras asociaciones privadas, y si las cuotas de los socios no alcanzan para pagarla, se arreglan sin ella.

Se cedió con el asunto del mailing -envío por correo de propaganda electoral-, pero no parece que ello haya disminuido ni las prácticas irregulares ni el endeudamiento de los partidos -que se estima próximo a los 20.000 millones de pesetas-. El argumento de que tal o cual cosa también se hace en otros países es de escaso peso a la vista del panorama existente en los más próximos, a los que, se trate de facturas falsas o de absentismo parlamentario, siempre imitamos en lo peor. Por ello, el que, tal como están las cosas, alguien se haya atrevido a plantear el asunto de los asistentes indica hasta qué punto se está alejando la sensibilidad del político profesional de la del ciudadano común: la de quien se ha acostumbrado a que le paguen viajes, comidas, teléfono, de la de aquel que lo tiene que pagar de su bolsillo.