España y Maastricht

APENAS TRES semanas antes de que se celebre en Maastricht una fundamental cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea, se diría que las previsiones en cuanto a sus logros son más bien pesimistas. El mandato que tienen los asistentes es claro: debe alcanzarse acuerdo sobre dos proyectos de tratado, el de unión económica y monetaria, por una parte, y el de unión política, por otra. Por una vez, los miembros comunitarios no podrán salir del trance con un mero comunicado (que, cierto es, en ocasiones anteriores ha sido de gran utilidad para el progreso comunitario) o con instrucciones a negociadores futuros. Los nuevos tratados, además, deberán ser ratificados por los respectivos Parlamentos.España, uno de los miembros comunitarios más acendradamente europeístas, se enfrenta al reto con dificultades importantes -y específicas de su caso- que arriesgan con poner a prueba conceptos fundamentales de su pertenencia a la Comunidad. Por una parte, está claro que el Gobierno desea que los tratados sirvan para dar nacimiento a una verdadera unión europea, con una política exterior y un sistema de seguridad comunes, que dé paso a la unidad monetaria y otorgue mayores competencias al Parlamento y a la Comisión. Al mismo tiempo, sin embargo, España tiene necesidad absoluta de que el principio de cohesión, aprobado en el Acta única de 1986, desempeñe un papel esencial en los nuevos tratados, no ya en palabras retóricas y solemnes declaraciones, sino en medidas específicas que, recogidas en el articulado, garanticen su aplicación.

España y los otros países menos desarrollados deberían recibir de las finanzas de la Comunidad un trato que tenga en cuenta su actual nivel de desarrollo. Si España tuviese que pagar a la CE más de lo que recibe de ella, se crearía una situación absolutamente inaceptable para la opinión pública, que no podría explicarse las ventajas del sistema. El Gobierno ha presentado propuestas concretas para lograr que se articule esta cohesión y se establezcan métodos, en ingresos y gastos, que tengan en cuenta los niveles respectivos de riqueza relativa de los socios comunitarios.

Hasta ahora, las principales propuestas españolas no han sido tenidas en cuenta en la mesa de negociación comunitaria. Sin embargo, en ellas hay un principio consustancial con la presencia de España en la CE. No son demandas caprichosas o fácilmente renunciables. Ello hace del rechazo de los principios españoles en la reunión de ministros de Exteriores en Nordwijk el fin de semana pasado algo más que un fracaso, por mucho que el Gobierno, teniendo que hacer de tripas corazón, haya reiterado la vocación europea de España y el deseo de no estorbar el éxito de Maastricht con vetos "inoportunos". Ello no obsta para que resulte inaceptable que los demás países de la CE ignoren sus demandas u ofrezcan simplemente responder a ellas con una declaración que equivale a unas tradicionales "buenas palabras".

En este asunto tan difícil, en el que era previsible que España encontrase serios obstáculos, no se comprende cómo el Gobierno ha actuado sin contar realmente con el Parlamento. En Francia y en el Reino Unido van a celebrarse la próxima semana debates en las Cámaras, para que el Ejecutivo del país y también los otros Gobiernos de la CE sepan lo que piensan los diputados antes de la cumbre. El método del Gobierno español de no dar participación al Parlamento y a la opinión pública en los grandes debates europeos -o de sólo hacerlo a posteriori-, de escatimarles la información, siempre ha sido indicativo de cierta desconfianza hacia ambos. En la presente coyuntura, este hecho es doblemente negativo: está en juego una posición de España que hace falta defender no ya en aras de intereses nacionales, sino para que nuestro propio europeísmo no acabe perdiendo su fundamental razón de ser. Queda poco tiempo, pero sería deseable que el Ejecutivo lo aprovechase eficazmente.