El Gobierno califica de "claramente insatisfactoria" la cooperación de las autonomías, con el Estado

El Gobierno quiere aprovechar el futuro pacto autonómico para sentar bases nuevas que impidan el victimismo de las comunidades autónomas o el desapego que practican a medida que obtienen nuevas competencias y los recursos para gestionarlas. "La experiencia de esta década, en cuanto a la utilización de las técnicas de cooperación, ofrece un panorama irregular y un balance claramente insatisfactorio" se afirma en el documento gubernamental que servirá de base para la negociación del pacto. El Gobierno quiere participar en las decisiones que adopten las 13 comunidades que ampliarán sus competencias, a través de múltiples organismos sectoriales y bilaterales al entender que la cooperación es "consustancial" al estado autonómico.

El Ejecutivo exhortará a las comunidades autónomas a mantener una "conducta de cooperación" lo que llevará aparejado el abandono "del principio de libre ejercicio de competencia que ignora a las demás administraciones", señala el documento.La negociación oficial del Gobierno con las fuerzas políticas para el futuro pacto de Estado autonómico, "que incorporará principios y reglas de comportamiento propios del federalismo cooperativo", comenzará dentro de 15 días, una vez que esta semana concluyan las reuniones "exploratorias". El ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, terminará su ronda al entrevistarse esta semana con el secretario general del CDS, Antoni Fernández Teixidó.

Los portavoces de los partidos de la oposición que ya se han entrevistado tanto con Eguiagaray como con los responsables del PSOE aseguran que los socialistas se han limitado a escuchar sus propuestas y a exponer líneas generales, pero sin presentar "papeles".

El documento más elaborado que tiene el Gobierno, realizado por Administraciones Públicas, expone en sus 92 páginas los objetivos que persigue el acuerdo; fijar las competencias de las comunidades autónomas que accedieron a su condición por la vía del artículo 143 de la Constitución; gráficos sobre materias incluidas en los estatutos; "la cuestión particular de la enseñanza y asistencia sanitaria", y, por último, el fortalecimiento de los instrumentos políticos y jurídicos de cooperación necesarios "para el buen funcionamiento del Estado autonómico".

Si bien en este informe no se aprecian posiciones cerradas de partida para la negociación, en cambio, en lo referente a la "cooperación" entre la Administración central y las administraciones autonómicas, además de afirmar sin ambages que no ha funcionado bien, se observa una verdadera obsesión gubernamental por participar a partir de ahora en cada decisión sobre cada materia que puedan adoptar las comunidades autónomas. Ello se traduce en multitud de propuestas de creación de órganos de cooperación.

El texto señala que "el principio de cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado resulta consustancial con nuestro Estado autonómico", y algo ya hay hecho en este sentido, aunque "no haya una obligación constitucional" al respecto.

A sabiendas de que no existe esa obligación, se teoriza sobre lo que debe entenderse por cooperación. "La cooperación es un criterio de comportamiento en términos de relaciones entre diversos poderes políticos existentes sobre el territorio, lo que supone la necesidad de, además de instrumentarlo, determinar una conducta de cooperación y la obligación de mantener la estabilidad de la misma".

La conclusión es ésta: "Sea como conducta, sea como principio consustancial a nuestra Constitución, la experiencia de esta década, en cuanto a la utilización de las técnicas de cooperación, ofrece una panorámica irregular y un balance claramente insatisfactorio". Así, la fórmula que propone el Gobierno es la de conferencias sectoriales y bilaterales.

Balance negativo

Las primeras ya existen en algunas áreas, pero "la faceta de funcionamiento presenta un balance negativo, necesitando de un renovado impulso y de mejoras significativas". La apuesta por este instrumento queda clara: "El impulso político que pudiera derivarse del pacto autonómico debía partir, precisamente, de la afirmación política de que las conferencias sectoriales son el medio habitual y normal de relación entre el Estado y las comunidades autónomas".Asimismo se adelanta que el Gobierno no tendrá suficiente con la hipótesis de que las "reuniones se traduzcan en un mero intercambio de información. Deben propiciarse de forma decidida los acuerdos, como expresión política con efectos jurídicos". Las bilaterales se conciben para dirimir conflictos entre gobiernos y evitar que acaben en recursos jurisdiccionales.