Ejecutivo sigue sin regular la convivencia de los guardias civiles con sus compañeras
El Gobierno asegura que no "existe normativa alguna" que regule la convivencia de los guardias civiles con sus compañeras no esposas, y que ésta se desarrollará "teniendo en cuenta la realidad social y a la vista de cualquier resolución judicial firme que se dicte". Así responde al diputado de Izquierda Unida (IU) José Luis Núñez, que preguntó sobre las medidas adoptadas "para asegurar los derechos de los guardias civiles a vivir con sus compañeras en las casas cuartel aunque no estén casados".
La pregunta del diputado de IU surge a raíz de la sentencia, dictada el pasado junio por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la que se anulaba una resolución de los mandos de la Guardia Civil de Villafranca del Penedés (Barcelona). Dicha resolución impedía al guardia Pedro Manuel Casas convivir con su compañera Antonia Charles, en la casa cuartel de aquella localidad. En su respuesta, el Gobierno asegura que desconoce "los términos precisos en los que ha sido redactada" dicha sentencia. José Luis Núñez juzgó "insólita" la respuesta del Ejecutivo, y anunció su intención de formular de manera inmediata una pregunta oral para que, en la comisión correspondiente, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, responda sobre las previsiones efectivas de su departamento en este asunto.
La respuesta del Gobierno asegura que "en la Dirección General de la Guardia Civil no se ha recibido testimonio para la ejecución de la sentencia" y se dice también que "tal sentencia es la primera pronunciada en esta materia".
Pedro Manuel Casas y su compañera Antonia Charles, de cuya relación nació un hijo, tenían intención de contraer matrimonio en el momento en que sus superiores les negaron la posibilidad de vivir en el cuartel. Éstos justificaron la desautorización de su convivencia porque "comportaría una repercusión negativa para la buena imagen del cuerpo".
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán aseguraba que la Constitución protege "no sólo a la familia como instución jurídica sino a la familia como realidad natural" y que "por ello también ha de proteger las denominadas uniones conyugales de hecho".
