Un plazo para reindustrializar

La industrialización de Asturias ha pasado de la iniciativa foránea a la iniciativa estatal y ahora, cuando el sector público trata de reconsiderar sus posiciones en el Principado, nadie sabe quién va a cubrir ese espacio. La patronal asturiana y los sindicatos coinciden en que el empresariado regional es insuficiente para acometer un proceso de reindustrialización y que debe ser el Estado, en tanto que primer empleador de Asturias, quien asuma sus responsabilidades empresariales, convirtiéndose el INI en un instrumento de política territorial y animador, con su propia apuesta por el futuro de Asturias, de inversiones privadas que le secunden.El Parlamento asturiano ya adoptó en la primavera de 1989 una posición clara de cómo se entiende desde Asturias el papel que ha de jugar el sector público. Para la Junta General del Principado, esos requisitos de modernidad no deben ser eximente del "compromiso territorial" del Instituto Nacional de Industria (INI) "con las áreas geográficas en las que está implantado". Esta concepción colisiona frontalmente con los nuevos criterios gestores del INI, coincidentes en que este holding actúe con criterios de eficacia empresarial, con un planteamiento de corporación industrial que no ha de diferir de la gestión de los grupos homólogos de titularidad privada.

Desde hace dos años el discurso sindical y político asturiano se ha modificado sensiblemente. Ya nadie sostiene la negativa radical al cierre de pozos agotados, de instalaciones siderúrgicas obsoletas o de talleres industriales poco acordes con las nuevas exigencias que demanda el mercado. Lo que se está diciendo ahora es que el proceso de reconversión y de ajuste de los sectores básicos de la economía regional no deben acometerse a corto plazo, sino con una cadencia tal que permita generar entre tanto un tejido económico sustitutorio. Se dice que Hunosa no debe afrontar la pérdida de un tercio de su plantilla al tiempo que tan severo ajuste coincide en el espacio y en el momento histórico con procesos de reordenación que se presumen también contundentes en otros sectores industriales de gran impacto de la economía regional. Se dice, además, que no es posible aceptar nuevas reconversiones sin compromisos tangibles de reindustrialización, ya sean del sector privado o, por saberse éste insuficiente, del público.