Los sindicatos piden que empleados y patronos controlen las empresas en igualdad de derechos
La equiparación de los derechos de trabajadores y empresarios para controlar y supervisar la gestión de las sociedades anónimas es una de la más novedosas propuestas que UGT y CC OO incluyen en su Iniciativa Sindical de Progreso, el programa de acción a medio plazo diseñado por ambas centrales sindicales "que debe servir para reforzar la unidad de acción de los sindicatos". La ISP -la alternativa sindical al Pacto de Competividad de Solchaga- incluye medidas sobre la huelga, pensiones, empleo, sanidad, fiscalidad o vivienda.
Una de las principales novedades de esta plataforma reivindicativa es la ampliación de las competencias de los sindicatos en las empresas, que incluye una reforma de la legislación de las sociedades para que los trabajadores tengan los mismos derechos que los empresarios en la supervisión y control de la gestión. Los sindicatos pretenden tener competencias en el cambio de la forma jurídica de la empresa o en los supuestos de fusión, absorción o segregación.La iniciativa persigue que los representantes de los empleados sean informados previamente ,,en todos aquellos 3upuestos en que la empresa pase a formar parte de un grupo, o se produzcan fenómenos de segregación. o ruptura". Los cambios de titularidad, la modificación del regimen jurídico y la decisión de subcontratar a otra compañía deben ser negociados con los comités de empresa.
Con esta alternativa al pacto social propuesto por el Gobierno, los sindicatos pretenden compatibilizar la competitividad con el progreso social, actuando sobre la política económica. De esta forma, la ISP surge como "una alternativa estratégica, a medio plazo que debe servir para reforzar la unidad de acción de los sindicatos".
Derecho a la huelga
Además de los derechos de los trabajadores en la empresa, las centrales defienden en su iniciativa la restricción del concepto de "servicio esencial en el ejercicio del derecho a la huelga". El documento afirma que la Administración ha fijado a menudo unos servicios mínimos abusivos, "que venían a vaciar de contenido propio el derecho de huelga". Además, añade que la potestad de los poderes públicos en esta materia emana de la normativa preconstitucional, por lo que concluye reclamando el reconocimiento expreso del derecho de autorregulación sindical y la restricción del concepto de servicio esencial, que debe ser determinado por las centrales sindicales.En materia de pensiones, la ISP pretende garantizar mediante ley la revalorización de las pensiones, "que deben alcanzar unos niveles dignos que, como mínimo, supongan el salario mínimo interprofesional íntegro". Las jubilaciones provenientes del subsidio de desempleo deben tener las mismas bases de cotización que las que sirvieron para la prestación del desempleo.
También pretende que las pensiones de viudedad se calculen sobre el 75% de la base reguladora de los beneficiarios que carezcan de otros ingresos. Para acceder a la pensión asistencial no contributiva (cuya cuantía se tiene que incrementar), se debe elevar el nivel máximo de renta familiar.
Para conseguir la mejora de las condiciones laborales, UGT y CC OO abogan por derogar los contratos temporales de fomento de empleo y de lanzamiento de nueva actividad, eliminar la sucesión indiscriminada de contratos temporales y delimitar las actividades a efectuar bajo contrato en formación y en prácticas. Exigen que la duración de un contrato eventual debe ser como mínimo de seis meses y como máximo de un año.
Respecto al reparto del trabajo, proponen la eliminación de las horas extraordinarias habituales y su sustitución por nuevos contratos de trabajo; establecer topes diarios, mensuales y anuales; reducir la edad de jubilación a los 64 años y fomentar jubilaciones anticipadas.
Formación contínua
En materia de formación profesional, la ISP reclama una formación continua que cumpla funciones de promoción social y preventivas en cuanto a la posibilidad de accidentes. Por eso demanda un crédito anual de 10 a 40 horas para reciclaje. Además, pretende que se reduzca elperiodo mínimo de cotización para acceder al subsidio de desempleo y que se generalicen las ayudas para cualquier situación de necesidad por falta de trabajo.También quiere establecer fondos de inversión que canalicen los beneficios empresariales superiores a los normales" hacia la inversión productiva.
En cuanto a fiscalidad, la ISP sugiere aumentar un 10% los gastos deducibles, con un tope de 250.000 pesetas. En Sanidad, reclama que se incluya la psiquiatría entre las prestaciones gratuitas.
Las centrales se oponen a las privatizaciones
La Iniciativa Sindical de Progreso elaborada por las centrales propone suspender el proceso de privatización en la empresa pública, pues entiende que está generando tina incertidumbre que paraliza su gestión. Reclama que se dote a las empresas públicas que lo requieran de fondos propios suficientes para su saneamiento, según corista en el segundo capítulo del documento, Política industrial.
La ISP considera al sector público empresarial como un instrumento preferente para canalizar inversiones productivas, generar tejido industrial y elevar la competencia en sectores oligopólicos. Recuerda que los únicos grupos españoles que se pueden comparar en tamaño a los europeos son de capital público, y de ellos, el único diversificado es el Instituto Nacional de Industria (INI).
Por tanto, reivindica la suspensión de la privatización de las empresas públicas y de los programas de desinversión, pues además de descapitalizar la economía introducen los efectos antes mencionados. Para ampliar los fondos del sector público y sanearlo, sugiere que se instrumentalicen ampliaciones de capital y emisiones de obligaciones y valores de renta fija. Además, la gestión pública debe disfrutar de mecanismos eficaces orientados hacia unos objetivos definidos.
Por lo que se refiere a la política industrial, la ISP marca el siguiente objetivo: "Armonizar una especialización de tipo intraindustrial respecto a los países más avanzados, con un aprovechamiento racional y rentable de los recursos propios".
"Dicha especialización" remarca la propuesta, "debería centrarse en sectores y actividades de tecnologías medias disponibles y asequibles, estableciendo además la asimilación y generación de tecnología punta".
La solución es el desarrollo de políticas activas que conjuguen actuaciones horizontales (no específicas) y sectoriales y coordinen esfuerzos públicos y privados. Si no hay un objetivo común -afirma el documento- se agravarán los problemas acumulados.
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