Divergencias en el Gobierno y el PSOE sobre el nuevo sistema de financiación autonómica

El debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica aún no está resuelto en el ámbito socialista. Las posturas se encuentran abiertamente enfrentadas entre quienes están dispuestos al menos a estudiar la cesión del impuesto sobre la renta y quienes se niegan en redondo. La posición más abierta es atribuida en medios socialistas al vicepresidente, Narcís Serra; los socialistas catalanes y el secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, que cuenta con la confianza de su ministro, el titular de Economía, Carlos Solchaga. La opción contraria ha sido expuesta por el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Francisco Peña, y por el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, también ha expresado su rechazo a la cesión del IRPF, aunque que "no de una forma cerrada".A pocos días de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los distintos sectores del Gobierno y del PSOE han lanzado señales contradictorias. La convocatoria de este consejo, que reúne a los secretarios de Estado de Administraciones Territoriales y de Hacienda, junto con los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas, marcará el nicio de la negociación oficial sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.

El Gobierno, de forma oficial, ha reiterado que su posición está abierta a discutir todo lo que se plantee y no descartar de entrada ninguna de las opciones. Sin embargo, es palpable el desconcierto. Así, mientras medios cercanos al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y a los socialistas catalanes, valencianos y, con matices, los madrileños, ven con buenos ojos una cesión parcial del impuesto sobre la renta, en otros ámbitos de la Administración y del partido se ha expresado todo lo contrario.

En concreto, la postura más abierta propone que las autonomías se queden directamente con un porcentaje de la cuota tributarla del IRPF. De esta forma, los contribuyentes sabrían exactamente qué parte de su esfuerzo fiscal se destina a financiar las necesidades de su territorio y que cantidad se queda el Estado. La ventaja para las autonomías sería, por una parte, que recibirían el dinero de forma automática y, por otra, se verían estimuladas a incrementar el rigor en la recaudación ya que de ello dependería el aumento de sus ingresos. Además, este sistema de corresponsabilidad fiscal pondría fin a la viciosa situación actual en la que el gobierno central aparece sólo como recaudador y las autonomías como gestoras del gasto.

En esta dirección trabaja, por otra parte, la secretaría de Estado de Hacienda. En medios socialistas se atribuye una relación especial entre el vicepresidente, Narcís Serra, y el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, donde éste último ejerce de puente frente al ministro de Economía, Carlos Solchaga. Éste último se ha mostrado más partidario de retocar el actual sistema de financiación de aquí a final de año, y dejar para 1992 la negociación de los temas más espinosos como es el de la cesión del impuesto sobre la renta.

En el otro lado de la corriente se encuentran otros sectores del Gobierno. Ayer Francisco Peña, secretario de Estado de Administraciones Territoriales (del Ministerio de Administraciones Públicas, a quien está encomendada la negociación junto con Hacienda), se mostró totalmente contrario a la cesión del impuesto sobre la -renta total o parcial- y vino a decir que si las comunidades autónomas quieren más dinero que se lo paguen mediante los recargos autonómicos. "Ésta posibilidad está contemplada en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y ha sido ratificada por una sentencia del Tribunal Constitucional", según afirmó ayer en el Congreso. "La cesión del impuesto sobre la renta me produce intranquilidad", añadió, porque sería insolidarla".

En esta postura totalmente contraria a la cesión del impuesto sobre la renta se encuentra también el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, según explicó esta semana tras una entrevista con el presidente González. LLegó a decir que el Gobierno descartaba esta posibilidad, lo que provocó un desmentido oficioso al día siguiente.: "La portavoz del Gobierno sigue siendo Rosa Conde". Rodríguez Ibarra aparece así como la voz cantante de los sectores socialistas ubicados en autonomías menos desarrolladas.