Esperanza y miedo por la paz en El Salvador
La firme política de apertura del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la mediación de paz de España, México, Venezuela, Colombia y la Comisión de Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) han dado un esplendoroso fruto. El acuerdo de Nueva York, firmado por delegaciones de alto nivel del Gobierno salvadoreño, el FMLN y un representante del secretario general de la ONU, es hasta ahora el logro más importante de las arduas negociaciones para acabar con una guerra civil que dura ya 11 años y ha costado millares de víctimas.La fuerte oposición de la oligarquía salvadoreña y del partido en el Gobierno, Arena, hizo peligrar. las negociaciones en todo momento. La presencia del presidente Alfredo Cristiani en la ONU sólo se logró después de fuertes presiones de Estados Unidos. Hubo rumores de golpe de Estado y las discusiones estuvieron a punto de interrumpirse varias veces, debido a que los representantes gubernamentales, Óscar Santamaría, Mauricio Vargas y David Escobar Galindo, caracoleaban ante la responsabilidad de rubricar en ausencia del presidente, un acuerdo que horripila a los militares.
El documento tiene una trascendencia política que supera las expectativas del cese del fuego, que debería concretarse este mismo mes en una nueva reunión, en México. Se trata en realidad de una agenda que contempla algo más que el fin de la guerra. Si todos los puntos del acuerdo encuentran vías concretas de aplicación, en El Salvador podría iniciarse una experiencia política, económica y social consensuada de nuevo tipo, capaz de echar las bases de una verdadera democracia.
El cumplimiento del acuerdo será supervisado por una Comisión para la Consolidación de la Paz (Copaz), formada por dos representantes del Gobierno (uno de ellos de las Fuerzas Armadas), dos del FMLN y uno por cada partido representado en la Asamblea Legislativa. El arzobispo de San Salvador y un delegado de ONUSAL formarán parte de la Copaz en calidad de observadores. La Copaz no tendrá facultades ejecutivas, pero sí toda clase de derechos de verificación, presupuesto propio y acceso directo al más alto nivel del Gobierno, el FMLN y el secretario general de la ONU. Sus atribuciones alcanzan la preparación de los anteproyectos legislativos tendentes a la ejecución de éste y los futuros acuerdos y podrá hacer públicas "toda clase de conclusiones y recomendaciones relativas a la ejecución de los acuerdos de paz".
Las dos partes en conflicto se han comprometido a disolver la Guardia Nacional -la temida policía política- y a reemplazarla por una policía nacional civil, que absorbería a los miembros del FMLN.- Las Fuerzas Armadas serán depuradas y redimensionadas, del mismo modo que la Dirección Nacional de Inteligencia (actualmente supervisada por la CIA norteamericana), que se transformará en un organismo nacional bajo el control de la Copaz. El acuerdo pone especial énfasis en la futura formación profesional de los militares, que deberán someterse alas autoridades constitucionales, restringir su actividad a la defensa del territorio nacional y respetar los derechos humanos. Los futuros organismos militares y de seguridad -siempre según los términos del documento- no serán discriminatorios y su formación y entrenamiento recibirán asesoramiento internacional, bajo supervisión de las Naciones Unidas.
Pero lo que hace de este pacto algo más que un razonable compromiso hacia la paz son sus aspectos políticos y sociales. Hay una referencia, bastante vaga en el texto, sobre una reforma constitucional. También se contempla la creación de un foro para la concertación económica y social, del que participarían el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. Se fija el respeto "al estado actual de tenencia de tierras dentro de las zonas conflictivas, mientras se da una solución legal satisfactoria al régimen de tenencia definitivo", y se establece que Ias tierras que excedan del límite constitucional de 245 hectáreas, así como aquellas que son propiedad del Estado, ( ... ) serán destinadas a satisfacer las necesidades de tierras de campesinos y pequeños agricultores que carezcan de ellas. Para este fin, el Gobierno procurará adquirir las tierras ofrecidas en venta al Estado".
Por último, tanto en los preacuerdos anteriores como en la agenda establecida para la reunión de México, se prevé el estudio de medidas para aliviar el coste social de los programas de ajuste estructural, una política de inversión extranjera (llamada púdicamente "cooperación externa directa"), la revisión de políticas de crédito al sector agropecuario, mecanismos de prestaciones sociales a la población y la reestructuración de los sistemas electoral y judicial para garantizar la inserción del FMLN en el sistema democrático.
Un análisis atento de este compromiso hace surgir inevitablemente el temor junto a la esperanza. Se trata, en primer lugar, del reconocimiento pleno del FMLN, una fuerza de izquierda alternativa al sistema, como parte en litigio antes del hecho consumado de la toma de poder, hecho inédito en América Latina. El FMLN controla actualmente casi un tercio del territorio, y tanto allí como en las repoblaciones (asentamientos de campesinos expulsados por la guerra de sus lugares de origen, actualmente apoyadas por las organizaciones no gubernamentales y el FMLN), se vive de manera democrática e igualitaria, y los ciudadanos se han acostumbrado.
Lo más significativo es que para el periodo de reconstrucción que seguirá al logro de la paz, esta negociación determina desde ahora un régimen democrático con una política económica y social distinta del liberalismo a ultranza que predomina en toda la región. Una reforma agraria (de eso se trata), "prestaciones sociales a la población" y un ajuste económico que contemple el "alivio del coste social de los programas de ajuste estructural" están en los antípodas de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la economía que preconizan los tecnócratas vernáculos a la moda y de las perspectivas de alta concentración y rentabilidad que exigen las grandes compañías y los inversores internacionales.
Es evidente que el FMLN ha abandonado hace ya tiempo un programa revolucionario a ultranza. Por dos razones: jamás podrá tomar el poder mientras Estados Unidos apoye al Gobierno salvadoreño (en las actuales circunstancias, una invasión directa es además muy factible) y el sistema revolucionario a la cubana está seriamente en cuestión y carece de apoyo internacional. Sus dirigentes reconocen que aún no tienen un verdadero plan económico alternativo. Pero, desde el punto de vista de Estados Unidos, El Salvador se ha convertido en un pozo sin fondo para su ayuda económica y militar, las Fuerzas Armadas salvadoreñas están corrompidas, desmoralizadas y son incapaces de derrotar al FMLN. La crisis económica del país ha llegado a un límite insoportable. Tanto la oligarquía como los militares han perdido todo crédito internacional y al Gobierno y a las instituciones sólo los legitima una paradoja: el reconocimiento de su principal enemigo. Además, toda la política norteamericana hacia América Latina, en particular la Iniciativa para las Américas, está entorpecida por este molesto lunar centroamericano.
En 1994 habrá elecciones generales en El Salvador. De aquí a entonces el FMLN irá integrándose paulatinamente al proceso democrático, ya convertido en partido político, en la medida en que todos los aspectos del acuerdo vayan concretándose. El FMLN no está dispuesto a que sus militares resulten asesinados uno por uno como en Colombia o Guatemala, ni a que tanta lucha acabe en unas bancas en el Parlamento para cuatro dirigentes. Si la extrema derecha salvadoreña no es neutralizada, si comienzan las trampas y racanerías sobre los aspectos sociales del acuerdo, todo se irá al traste y la guerra continuará.
Lo que ha ocurrido en Haití prueba, una vez mas, por si hacía falta, hasta qué punto pueden llegar una oligarquía y unas Fuerzas Armadas a las que la democracia no quiso, no pudo o no alcanzó a afectar en su impunidad y en sus insoportables privilegios. La reacción internacional ante ese golpe inocuo, incluyendo la de Estados Unidos, permite abrigar la esperanza de que algo puede cambiar. Pero ni la restitución de Jean Bertrand Aristide en su puesto ni un eventual cese del fuego en El Salvador serán suficiente garantía. Para funcionar en sociedades miserables y ensangrentadas, la democracia exige algo más que elecciones cada tanto. Ése es el sentido profundo del acuerdo logrado por el FMLN ante el Gobierno salvadoreño. Todo depende de que Estados Unidos acepte, por una vez, que un país latinoamericano busque su propio camino.
Carlos Gabetta es periodista y ensayista argentino.
