El Consejo de la Judicatura cierra la investigación contra un colaborador de Arturo Zaldívar acusado de coaccionar a jueces

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha ordenado el cierre de la investigación interna por la presunta coacción a jueces en la era del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia y cabeza del Poder Judicial, de 2019 a 2023. Fuentes cercanas al ministro retirado han confirmado a EL PAÍS que el CJF decidió la semana pasada, por mayoría de votos, cerrar el expediente. La decisión favorece de manera inmediata a Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura, órgano que también presidía el exministro. Alpízar presentó un recurso en el que alegaba violaciones al debido proceso por la filtración a los medios de la denuncia anónima que dio origen a la apertura de la investigación, en abril pasado. En el caso de Zaldívar, por su calidad de ministro en retiro, las acusaciones de coacción en las que fue implicado serían investigadas por la propia Corte. No obstante, la resolución del CJF le resulta de gran ayuda al juez retirado, que hoy es colaborador de la presidenta Claudia Sheinbaum y quien en su momento acusó una persecución política y una venganza de parte de la ministra Norma Piña, su sucesora en la presidencia del Supremo.

La exoneración a Alpízar fue apoyada por mayoría de cuatro de los siete integrantes del CJF. Reforma ha señalado que los votos favorables fueron de los consejeros afines al oficialismo: Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyvés y Sergio Molina. En contra se posicionaron la presidenta Piña y los consejeros José Alfonso Montalvo y Lilia Mónica López Benítez. El CJF es —todavía— el órgano encargado de administrar los recursos de la judicatura federal y de vigilar la conducta de los jueces. La reforma al Poder Judicial instaurada por Morena ha ordenado dividir las funciones de esa institución en un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina. Antes de la enmienda constitucional, el titular del Supremo presidía también el CJF, órgano que, sin embargo, no estaba facultado para indagar a los ministros. Esa concentración de funciones daba a la cabeza del Poder Judicial un enorme poder sobre los jueces federales.

El Consejo de la Judicatura investigó durante meses las acusaciones de que decenas jueces y magistrados fueron presuntamente presionados para que resolviesen favorablemente asuntos en los que tenía intereses políticos el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de quien Zaldívar fue muy cercano. Las acusaciones apuntaban directamente a Alpízar, así como a los entonces titulares del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, y del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Edgar Manuel Bonilla. Varios jueces y magistrados federales comparecieron ante el CJF para aportar pruebas de los señalamientos de supuesta coacción, según pudo confirmar este periódico.

La denuncia anónima, que en su momento dio a conocer EL PAÍS, acusaba a Zaldívar de vulnerar la autonomía e independencia de los jueces y magistrados “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, así como de falta de imparcialidad y abuso de funciones. “[Prometía] beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, señalaba. Agregaba que el exministro colocaba en puestos clave a personas cercanas “para tener control de los asuntos más importantes”, y que influía en el sentido de las resoluciones y para beneficiar a alguna de las partes involucradas.

Zaldívar, uno de los diseñadores de la polémica reforma judicial, aseguró que se trataba de una guerra política en pleno proceso electoral, cuando estaban en puerta los comicios de junio, y cargó contra la ministra Piña, una de sus principales adversarias en el Supremo. Afirmó que nunca presionó a ningún juzgador y no abordó con ellos asuntos judiciales, aunque reconoció que existía “coordinación” con el Ejecutivo. Por su parte, Alpízar responsabilizó a Piña de la filtración del expediente. “Desde la presidencia del CJF insisten con filtraciones y suposiciones dolosas, llenas de mentiras burdas que violan mis derechos humanos”, declaró en su momento.